La estrategia para evitar el banquillo
Cuando faltan poco más de 60 días para el inicio del juicio oral en la causa Cuadernos, un importante grupo de imputados activó una nueva estrategia: ofrecer dinero a cambio de cerrar el proceso judicial. Se trata de la figura de la “reparación integral”, prevista en el Código Penal, que permite extinguir la acción penal mediante una compensación económica sin necesidad de reconocer los hechos investigados.
Hasta ahora, 28 empresarios presentaron pedidos formales ante el Tribunal Oral Federal que lleva la causa. Ellos proponen entregar una suma de dinero y realizar acciones concretas como forma de compensar el supuesto daño. A cambio, reclaman un sobreseimiento definitivo, que los liberaría de toda responsabilidad.
Junto a estos pedidos, se sumaron otros ocho imputados que solicitaron participar en la audiencia donde se discutirá esta salida procesal, aunque no precisaron si están dispuestos a pagar. De esta manera, 36 acusados —casi la mitad de los que afrontarán la primera etapa del juicio— buscan evitar llegar al debate oral.
¿Cuánto dinero está en juego?
Aunque no existen cifras oficiales, un abogado que coordina la estrategia deslizó que el monto global estaría entre 30 y 40 millones de dólares. El número, que puede parecer elevado, se presenta como modesto si se compara con el volumen de fondos que, según la investigación, circularon por los circuitos de la obra pública, las concesiones y los contratos con el Estado durante los gobiernos kirchneristas.
Lo central es que, a diferencia de un juicio abreviado, la reparación integral no requiere confesión. Es decir, los imputados podrían evitar la condena sin admitir el pago de coimas. Tras la compensación, se extingue la acción penal y se cierra la puerta a cualquier posibilidad de juzgar los hechos.
Un proceso lleno de intentos de frenar la causa
Desde su inicio en agosto de 2018, cuando los cuadernos del chofer Oscar Centeno salieron a la luz, la causa enfrentó todo tipo de maniobras para frenar su avance. Se presentaron recursos para declarar nula la prueba, se iniciaron causas paralelas, se intentó correr a los fiscales y hasta se promovió que el expediente pasara al fuero electoral para encuadrar los supuestos sobornos como simples aportes de campaña.
Entre quienes llevaron adelante ese planteo estuvieron Ángelo Calcaterra y Armando Loson, aunque la estrategia no prosperó. También se buscó acceder al celular del periodista que reveló el caso e incluso obtener videos de seguridad de la zona donde se encuentra el medio periodístico La Nación, con el objetivo de desacreditar la investigación.
Pese a estas maniobras, el tribunal integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli fijó como fecha de inicio del juicio el 6 de noviembre de 2025. Según datos de la fiscal Fabiana León, la magnitud del proceso es inédita:
- 170 procesados
- 26 encuadres jurídicos
- 540 delitos imputados
- 899 testigos ofrecidos
- 13 pericias solicitadas
- 376 presentaciones de la fiscalía
El pedido formal de reparación integral
La iniciativa se reactivó en la recta final hacia el juicio. Los abogados del ingeniero Roberto Juan Orazi, de la constructora Hidraco, fueron los primeros en solicitar la aplicación del artículo 59, inciso 6, del Código Penal, que prevé la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio.
La fiscal León, ante este planteo, dispuso dar vista a todos los imputados para unificar la discusión. En su dictamen advirtió que ya en otras oportunidades varias defensas habían planteado inquietudes similares, aunque sin éxito. El Tribunal, a su vez, otorgó un plazo ampliado para que cada acusado definiera su postura.
El resultado fue la adhesión de 28 empresarios, quienes propusieron pagar el monto de los embargos trabados en 2018, actualizados con la tasa activa del Banco Nación. Otros ocho imputados, entre ellos algunos exfuncionarios, pidieron participar de la audiencia pero sin comprometer aún un desembolso.
¿Una salida dilatoria?
En los despachos judiciales hay consenso en que esta jugada podría constituir una nueva maniobra dilatoria. Tras siete años de investigación, con innumerables planteos rechazados, los fiscales Carlos Stornelli y Fabiana León entienden que los acusados buscan evitar, una vez más, sentarse en el banquillo.
De hecho, la fiscal León reconoció en sus escritos que el intento de cambiar dinero por sobreseimiento estuvo presente en distintas etapas del proceso, aunque nunca se mostró favorable a cerrar la causa por esta vía. La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, también deberá fijar posición.
Un debate que trasciende lo jurídico
La eventual aceptación de la reparación integral abre un interrogante de fondo: ¿puede un grupo de empresarios acusados en el juicio de corrupción más importante de los últimos años cerrar su situación penal con un acuerdo económico?
El dilema va más allá del caso puntual. Si se aceptara, los acusados obtendrían la impunidad sin reconocer el delito, e incluso con la posibilidad de que los fondos aportados provengan de los mismos actos que la Justicia busca investigar.
En otros países, las soluciones alternativas son habituales, pero suelen implicar un reconocimiento del hecho que origina la indemnización. Aquí, en cambio, se plantea un sobreseimiento pleno sin confesión, lo que en la práctica implicaría borrar el caso del mapa judicial.
Lo que viene
En los próximos días debería fijarse una audiencia para escuchar las propuestas concretas de cada imputado. Allí, la fiscalía y la UIF tendrán la última palabra antes de que el Tribunal Oral decida.
Mientras tanto, el calendario avanza y la fecha del juicio se acerca. Tras años de intentos frustrados, la estrategia de último momento de los empresarios y exfuncionarios promete abrir un nuevo capítulo en la polémica causa Cuadernos.
La ciudadanía, aturdida por las escuchas, ha olvidado causas de corrupción como ésta, o la del fentanilo (que además se cobró un centenar de vidas humanas) en medio de una campaña electoral vergonzosa que destruye todo a su paso. No sólo la economía…