El veredicto del TOF 2
Tras 457 días de juicio, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Tucumán condenó al ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, a 3 años y 6 meses de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por coautoría en el delito de defraudación contra la UNT. Además, quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
La sentencia también incluyó a otros exfuncionarios: Olga Cudmani, exdirectora de Construcciones Universitarias, recibió 3 años y 2 meses de prisión; mientras que Osvaldo Venturino, exdirector de Inversiones y Contrataciones, fue condenado a 2 años en suspenso. Ambos quedaron también inhabilitados de manera perpetua.
En cambio, Luis Fernando Sacca, subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, fue absuelto por “beneficio de la duda”.
Multas y reparación económica muy bajas
El tribunal ordenó además que Cerisola y Cudmani paguen de manera solidaria más de 39 millones de pesos como reparación por los daños ocasionados a la UNT. Venturino y Cudmani deberán afrontar también el pago de $766.000 vinculados a la obra 533. Sólo 30.000 dólarespor un lado y 500 dólares por el otro. Un “vuelto”, comparando con los montos denunciados (5 millones de dólares).
Un proceso judicial cargado de dilaciones
La causa comenzó en 2010, pero recién en 2018 el fiscal Carlos Brito pidió su elevación a juicio. Tras años de demoras y recusaciones, el tribunal quedó conformado por jueces de otras provincias: Abelardo Basbús y Ana Carina Farías (Santiago del Estero) y Enrique Lilljedahl (Catamarca).
A lo largo del proceso fueron procesados más de 20 empresarios tucumanos y se investigó a exrectores como Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, quienes tuvieron un rol clave en YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio). Sin embargo, la sentencia dejó fuera el núcleo más duro de las responsabilidades.
La maniobra sobre la Ciudad Universitaria
El centro de la polémica fue el incumplimiento de la Ley 14.771, que establecía que el 40% de las utilidades de YMAD debía destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier, con planos ya aprobados y expropiaciones de 18.000 hectáreas realizadas durante el gobierno de Juan Domingo Perón.
La obra nunca se concretó. En cambio, se realizaron refacciones menores en facultades y se manejaron fondos a través de colocaciones financieras. En 2008, un convenio firmado por Cerisola con YMAD dio por “satisfecha” la obligación de destinar recursos al campus, reduciendo el porcentaje de utilidades a 20% para la UNT y otro 20% al resto del sistema universitario nacional.
Esa decisión, considerada arbitraria por especialistas, marcó un antes y un después: desde entonces, los fondos pasaron a ser de libre disponibilidad del rectorado, lo que abrió la puerta a múltiples irregularidades.
Una denuncia temprana ignorada
El arquitecto Ramón Eudal, ya fallecido, fue quien denunció en 2010 la sustitución de la gran obra por refacciones menores y sobreprecios en contratos. Sin embargo, la investigación del fiscal Brito evitó profundizar en la no construcción de la Ciudad Universitaria, que era el delito de mayor gravedad.
La impunidad de esta maniobra permitió que los fondos mineros, destinados originalmente a una obra histórica para Tucumán, se diluyeran en gastos corrientes de la política universitaria.
Actas y convenios bajo sospecha
El Acta N° 498 de YMAD, firmada en diciembre de 2007, muestra cómo Campero y Marigliano avalaron la reducción del 40% al 20%. Cerisola rubricó el acuerdo pocos días después. Desde entonces, las regalías mineras se repartieron de manera distinta a lo que ordenaba la ley.
En paralelo, acuerdos con Minera Alumbrera Ltd. permitieron adelantar regalías millonarias a la UNT desde 2006, seis años antes de lo previsto. Ese dinero, lejos de destinarse a San Javier, financió proyectos como el Museo de la UNT y otras obras menores.
El primer millón de dólares recibido en 2005 fue usado fuera de todo control institucional. Ese antecedente marcó una ruta de discrecionalidad que años más tarde quedaría reflejada en el juicio.
Planos encontrados y una verdad incómoda
En 2023, se localizó en la Secretaría de Planeamiento y Obras los planos originales de la Ciudad Universitaria, que habían permanecido olvidados en cajas de aire acondicionado. La UNT, en lugar de valorarlos como documentos probatorios, sostuvo que no eran aptos para construcción o que no eran “originales”.
Ese hallazgo reforzó la hipótesis de que hubo una decisión política de nunca avanzar con el campus, pese a que la ley era clara: los fondos debían usarse exclusivamente para su construcción.
Responsabilidades compartidas
La actuación de la UNT como institución también quedó bajo la lupa. El Consejo Superior se limitó a pedir la anulación de actas, pero nunca denunció penalmente el presunto delito. Recién en 2019 la Universidad se constituyó como querellante, pero sin resultados visibles.
Desde 2020, una resolución judicial dispuso que la mitad de las regalías de YMAD (20%) se depositen en un plazo fijo hasta que el Consejo Superior decida expresamente sobre la Ciudad Universitaria. A la fecha, ese debate sigue pendiente.
Corrupción, sobreprecios y un castigo leve
La sentencia de 3 años y medio de prisión contra Cerisola fue calificada por algunos penalistas como un castigo leve frente a un escándalo que involucra un desfalco estimado en más de 5.000 millones de dólares a la educación pública de Tucumán, y las multas también.
El juicio, lejos de cerrar heridas, dejó la sensación en los claustros universitarios que la maniobra dolosa y sus responsables continúa impune, más allá de las sentencias.
