La decisión de la Cámara Nacional Electoral
La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió excluir a Cristina Fernández de Kirchner del padrón electoral. El tribunal consideró que la condena en la causa Vialidad justifica su inhabilitación para ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones legislativas.
La medida revoca lo dispuesto por la jueza federal de Río Gallegos, Mariel Borruto, quien había permitido que la expresidenta se mantuviera como electora activa en Santa Cruz, a pesar de la sentencia condenatoria firme de la Corte Suprema.
Fundamentos del fallo
Los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas sostuvieron que corresponde aplicar la pena accesoria de inhabilitación política en casos vinculados con delitos de corrupción, malversación de fondos públicos, defraudación al Estado y lavado de activos.
“Resulta factible que en ciertos casos el legislador considere justificada la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación”, remarcaron en la resolución, subrayando la gravedad de los delitos de corrupción, especialmente cuando involucran a un expresidente.
La condena de la causa Vialidad
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Según el Código Penal y el Código Nacional Electoral, las penas superiores a tres años implican la suspensión de los derechos políticos, entre ellos, el derecho al voto.
El fallo de primera instancia había considerado que privar a un ciudadano del sufragio violaba estándares constitucionales, y citaba el precedente del “Caso Zelaya”, donde se había declarado inconstitucional la aplicación automática de estas prohibiciones.
Un mensaje político y judicial
La Cámara, sin embargo, marcó una diferencia clave: la corrupción en el ejercicio de la función pública amerita un tratamiento más severo. En un expresidente, mucho más, remarcaron.
De esta manera, la Justicia Electoral traza un límite tras años de interpretaciones flexibles en torno a las penas accesorias, y envía un mensaje contundente: los delitos contra el Estado tienen consecuencias no solo penales, sino también políticas.
La moral pública, bastardeada impunemente por la corrupción de los políticos , en general, y que nos ha sumido en la pobreza endémica, la falta de valores y patriotismo; necesitaba una señal. Fue la Justicia Electoral nacional que, finalmente, ha marcado una línea de cal ante tantos “permitidos” que se otorgaron so pretexto de edad o pax social. Es mínimo, pero es un signo que para un argentino de bien, que respeta la ley, no es lo mismo a otro que delinquió. Mucho más, si fue acreedor a la confianza del pueblo para representarlo con decencia, y lo defraudó.
