Hace muy pocas horas el Senado de la Nación aprobó una nueva ley de financiamiento universitario mediante la cual se propone una actualización de partidas presupuestarias para el próximo año. Allí se establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada, para luego actualizarse de manera mensual por IPC.
De acuerdo con algunos analistas los recursos asignados en 2025 para el Programa de Desarrollo de la Educación Superior se ubican en su nivel más bajo de los últimos años. El presupuesto para 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad según las expresiones de los senadores que promovieron y aprobaron la nueva norma.
En diciembre de 2022 postee en este mismo blog: “Educativamente hablando, estamos fundidos” en el que procuraba llamar la atención sobre el estado de la universidad pública y el evidente fracaso de las políticas del sector como así también la gestión de las mismas.
El problema del sistema universitario argentino “no es de caja”, o mejor expresado diremos que se convirtieron multimillonarios presupuestos educativos “en cajas políticas”, desde donde se financia el esnobismo ideológico de turno, a sus cultores y militantes. Ciencia, poco y de escasa calidad.
Según la información oficial del área en 2024 se destinaron $2,94 billones a las universidades, equivalentes al 1,04 % del PIB. Más del 90 % de los fondos se aplicó al pago de salarios docentes y no docentes, quedando un margen ínfimo para funcionamiento.
El costo por alumno ascendió a $1,5 millones al año, mientras que el costo promedio por graduado trepó a $34,7 millones.
En Tucumán, por ejemplo, cada egresado de universidad pública le costó a los argentinos $63 millones, en la Universidad Pedagógica Nacional la cifra llegó a $267 millones.
El informe también da cuenta que el ciclo académico 2023 tuvo el récord de 84.871 graduados. Cifra baja frente a los 1,9 millones de estudiantes activos. Desde 2013, la matrícula creció 39 %, pero los egresados apenas un 10 %.
En la comparación internacional, la Argentina queda rezagada: 20 egresados cada 100 ingresantes, contra 27 en Brasil y 82 en Chile. Además, solo el 19 % de los jóvenes de entre 25 y 34 años tiene un título terciario o universitario, mientras que el promedio de la OCDE es del 48 %.
La baja productividad académica es otra característica: el 55 % de los estudiantes no aprueba más de una materia por año, y solo el 13 % logra cursar seis o más para avanzar en tiempo teórico.
Las diferencias entre universidades son marcadas. Mientras en Lomas de Zamora se gradúan 11 cada 100 alumnos, en la Universidad Nacional de Rosario apenas 3,8 en la Universidad Nacional de General Sarmiento o la Universidad de las Artes, la tasa se derrumba a menos del 1 %.
Deberíamos preguntarnos honestamente ¿Qué universidad estamos financiando?; ¿Quiénes se benefician realmente con ello? y si no es el momento de sincerar las cosas.
Autor: Lic. Pablo Berarducci