Con el respaldo político que le otorgaron las últimas elecciones, el Gobierno nacional decidió reactivar el debate sobre la reforma laboral, una iniciativa que promete transformar el régimen de trabajo argentino y adaptarlo a las nuevas dinámicas económicas y productivas.
El proyecto —titulado Ley de Promoción de Inversiones y Empleo— fue presentado por la diputada Romina Diez y cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques. Su objetivo central es modernizar la legislación laboral, ofrecer beneficios fiscales y estímulos a la contratación formal, al tiempo que busca reducir la litigiosidad y flexibilizar los convenios para dinamizar la economía.
Modernización del régimen laboral
El texto propone una profunda actualización de la Ley de Contrato de Trabajo, redefiniendo el principio de irrenunciabilidad, ampliando las facultades del empleador para modificar modalidades de trabajo y regulando nuevos beneficios sociales no remunerativos.
En lo que respecta a movilidad y disciplina laboral, el empleador podrá introducir cambios en las condiciones de prestación siempre que no resulten irrazonables ni alteren elementos esenciales del contrato. Si esos límites fueran vulnerados, el trabajador conservará el derecho de considerarse despedido sin causa.
Además, se fijan plazos claros para impugnar sanciones: el trabajador dispondrá de 30 días corridos desde la notificación para cuestionar la medida o su extensión.
Beneficios sociales y remuneraciones
Uno de los apartados más innovadores es la redefinición de los beneficios sociales, que incluirán desde la provisión de almuerzos, útiles escolares y transporte, hasta el pago de telefonía móvil o internet para el trabajador y su familia. Estos beneficios no integrarán la remuneración, salvo que las partes acuerden lo contrario.
En materia salarial, el proyecto habilita el pago en efectivo, por cheque o por acreditación bancaria, y permite que los recibos de sueldo sean electrónicos, siempre con información detallada sobre empleador, trabajador, conceptos liquidados y deducciones.
Vacaciones más flexibles
La propuesta introduce mayor flexibilidad en la asignación de vacaciones, permitiendo dividirlas en períodos no menores a una semana. Se garantiza que cada empleado pueda gozar de sus vacaciones en temporada estival al menos una vez cada dos años, salvo que elija otra opción.
También se incorpora el derecho de los trabajadores que compartan matrimonio o unión convivencial y trabajen para el mismo empleador a coordinar sus vacaciones de manera conjunta.
Por otra parte, las convenciones colectivas de trabajo podrán establecer mecanismos adaptados a nuevas modalidades productivas, como bancos de horas, gestión de horas extras y francos compensatorios, respetando siempre un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
Enfermedad, licencias y conservación del empleo
El régimen de licencias por enfermedad o accidente mantiene los plazos actuales: tres o seis meses de remuneración, según la antigüedad del trabajador. Quienes tengan cargas de familia conservarán ese derecho por períodos de seis o doce meses, dependiendo también de su antigüedad.
Se establece un nuevo procedimiento para la verificación médica, que estará a cargo de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano. Este organismo podrá convocar peritos, repetir estudios y aplicar sanciones a profesionales que incurran en irregularidades.
Además, una vez vencido el plazo de interrupción laboral, el empleador deberá mantener el puesto por un año adicional. Si el trabajador no se reincorpora, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin responsabilidad indemnizatoria.
Intereses, juicios laborales y microempresas
Otro aspecto clave es la modificación del régimen de intereses en créditos laborales, que fija un límite máximo equivalente al capital actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual.
El proyecto también limita los honorarios pactados por cuota litis al 20% y permite a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) pagar indemnizaciones o sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.
Trabajo agrario y alcances legales
El texto redefine el régimen del trabajo agrario, excluyendo de esa categoría a quienes desarrollen tareas industriales, comerciales, turísticas o de servicios. También se exceptúa a los trabajadores de casas particulares y a quienes laboren en actividades no productivas.
Si bien se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria respecto de los trabajadores proporcionados, se aclara que los propietarios que arrienden tierras improductivas quedarán fuera de esa obligación.
Incentivos a la contratación y crédito fiscal
Uno de los capítulos más destacados es el de incentivos al empleo formal. Se crea un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que generen nuevas contrataciones durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley.
El beneficio será escalonado según el tamaño de la empresa:
- 100% del crédito fiscal para microempresas,
- 75% para pequeñas,
- 50% para medianas, y
- 25% para grandes compañías.
Los incentivos se aplicarán por un período de doce meses y solo serán válidos si la contratación representa un incremento neto en la nómina laboral, y si el nuevo trabajador no tuvo empleo formal en los tres meses anteriores, salvo excepciones previstas para programas de inserción laboral.
Un proyecto amplio y transversal
El texto está acompañado por un grupo diverso de legisladores: Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano, entre otros.
El Gobierno confía en que esta reforma laboral se convierta en el puntapié de una nueva etapa de crecimiento, inversión y empleo formal. Aunque genera debate, sus impulsores sostienen que modernizar las reglas del trabajo es una condición necesaria para que la Argentina vuelva a crear oportunidades sostenibles y competitivas en el largo plazo.
