Canadá se encamina hacia una expansión sin precedentes de su programa de eutanasia, que ya ha sido calificado como «eugenesia patrocinada por el Estado» por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La ampliación de la elegibilidad para la eutanasia, programada para 2027, permitirá que personas que sufren únicamente de discapacidad o enfermedad mental puedan acceder a la muerte asistida. Esta medida ha generado una condena casi unánime por parte de los grupos de discapacitados y ha provocado que el gobierno liberal retrase dos veces su implementación, aunque sin cancelarla definitivamente.
La realidad actual ya es preocupante. Más del 90% de los bebés diagnosticados con síndrome de Down son abortados en Canadá, y aquellos con otras discapacidades suelen correr la misma suerte. Los canadienses con discapacidades físicas han intentado durante años llamar la atención del gobierno, relatando casos de personas que buscan la eutanasia porque no pueden obtener el apoyo o la atención que necesitan.
Un testimonio particularmente perturbador fue compartido por Samantha Smith, defensora de víctimas y sobreviviente de las redes de explotación en el Reino Unido. Según relata, un familiar suyo, enfermero en Canadá, se vio legalmente obligado a participar en la eutanasia de un hombre con discapacidad mental que no deseaba morir.
«Sostuvo su mano mientras él decía ‘Tengo hambre’ y ‘Tengo sed’. Ese pobre hombre no entendía lo que le estaba sucediendo mientras le administraban la medicación que acabaría con su vida», describe Smith.
Los casos documentados son alarmantes. Alan Nichols fue llevado al hospital por familiares tras un episodio psiquiátrico y fue ‘eutanasiado’ días después. Documentos filtrados revelan que los proveedores de eutanasia de Ontario han registrado 428 casos de posibles violaciones criminales sin que ni uno solo haya sido remitido a las autoridades policiales.
En los Países Bajos, donde la eutanasia está legalizada, el 40% de las muertes por este procedimiento ocurren sin el consentimiento del paciente. En Canadá, se ha llegado a ofrecer la eutanasia a deportistas paralímpicos que únicamente solicitaban ayudas para la movilidad.
La situación ha llamado la atención internacional. El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tras examinar el cumplimiento de Canadá con las convenciones correspondientes, instó al gobierno canadiense a abandonar estos planes y revertir la expansión del régimen de eutanasia. Inclusion Canada, junto con otras organizaciones de derechos de los discapacitados, había alertado previamente a este organismo sobre las políticas de eutanasia del país.
Los críticos señalan que, aunque la ley fue diseñada para proteger contra la coerción o los procedimientos sin consentimiento, la realidad es muy diferente. Los proveedores de eutanasia han encontrado formas de eludir las restricciones actuales: por ejemplo, la pérdida auditiva fue la razón oficial registrada para la inyección letal de Alan Nichols.
La Iglesia se opone firmemente a la eutanasia, pues constituye una violación grave de la ley de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica establece que la eutanasia directa, consistente en poner fin a la vida de personas discapacitadas, enfermas o moribundas, es moralmente inaceptable. Cualquier acción u omisión que, por su naturaleza o en la intención, causa la muerte para eliminar el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana.
Autor: Edwin Botero Correa
Fuente: Razón + Fé
