El Gobierno nacional enfrenta una creciente tensión en el Congreso que amenaza con desestabilizar la piedra angular de su programa económico: el equilibrio fiscal. Una serie de proyectos impulsados por la oposición —con media sanción o en tratamiento— podrían elevar el gasto público en más de dos puntos del PBI, poniendo en jaque el superávit que permitió controlar la inflación, estabilizar el dólar y frenar la emisión monetaria. Ante este escenario, el presidente Javier Milei advirtió que, si el veto presidencial no alcanza, llevará el conflicto a la Justicia.
El costo fiscal de las reformas que impulsa la oposición
Según el Ministerio de Economía, solo el proyecto que otorga una mejora a las jubilaciones aumenta el bono previsional y transfiere cajas a las provincias costaría 0,9 puntos del PBI en 2025. A eso se suma otro proyecto que modifica la distribución del impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con un impacto adicional de 0,4 puntos. En conjunto, el costo fiscal para este año sería de 1,3 puntos del PBI, cifra equivalente al superávit previsto por el Gobierno.
Más gastos sobre la mesa: discapacidad y moratoria previsional
La emergencia nacional en discapacidad, de aprobarse, implicaría un gasto extra de 0,3 puntos del PBI, mientras que la extensión de la moratoria jubilatoria sumaría 0,03 puntos. En total, el impacto podría trepar hasta 2,4 puntos del producto, según el propio presidente Milei. “Quieren destruir al gobierno nacional”, disparó contra los gobernadores y legisladores opositores, acusándolos de priorizar sus intereses por encima del bienestar general.
Una proyección de riesgo para 2025 y 2026
Para el año 2025 y 2026, las previsiones son aún más sensibles: la mejora previsional implicaría 2,2 puntos del PBI, la moratoria 0,2 y la emergencia por discapacidad otros 0,9. Solo en 2025, el gasto adicional rondaría los US$12.000 millones, una cifra comparable al fallo adverso por la expropiación de YPF. En este contexto, el Gobierno busca preservar la sostenibilidad de sus logros económicos.
Las miradas del exterior: apoyo condicionado
Mientras tanto, los inversores y organismos internacionales observan con atención. El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) consideró al plan de estabilización de Milei como el más ambicioso de un país emergente, aunque advirtió sobre la fragilidad política y la necesidad de institucionalizar los logros fiscales. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, también destacó los avances logrados en disciplina fiscal.
El superávit como símbolo de gestión
En 2024, el Gobierno alcanzó un superávit financiero de 0,3% del PBI, el primero desde 2010, y un resultado primario de 1,8%. En lo que va de 2025, se mantienen los números positivos. La eliminación de la emisión monetaria y la firmeza en el gasto fueron claves, según Economía, para la baja más veloz de la inflación desde la salida de la convertibilidad.
La batalla política por el equilibrio versus las necesidades de los sectores más vulnerables
La tensión en el Congreso crece en paralelo al inicio de la campaña electoral, y el oficialismo advierte que la oposición está dispuesta a boicotear cualquier mejora con fines partidarios. “No quieren que al país le vaya bien”, señaló Luis Caputo días atrás. Mientras tanto, Argentina se mueve sobre una delgada línea entre promesa y retroceso, y el equilibrio fiscal se vuelve, más que nunca, una batalla política y económica decisiva.
Mientras, la realidad de ciertos sectores, como los jubilados en particular, necesitan un apoyo especial. Y hoy el gobierno está en deuda. La pregunta es: ¿Es posible algo más que lo que ya el gobierno aporta a los bolsillos de los abuelos? Es cierto que hay “jubilados” sin aportes, que entraron por la ventana del facilismo del gobierno anterior, y que torna inviable un apoyo como el que los que sí aportaron merecen; pero no se puede no hacer nada, tampoco. Ellos ya vienen esforzándose y poniendo el hombro, el gobierno debe hacer un esfuerzo excepcional para lograr una mejora necesaria.
La política, enrarecida por la campaña electoral ya lanzada, ¿podrá brindar soluciones a ese y otros temas, sin alterar la precaria estabilidad que nos está sacando de un circulo vicioso perverso? Es casi ingenuo solicitarlo, pero necesario recordarlo: los políticos deberían actuar con grandeza y responsabilidad en estos tiempos electorales. Oficialismo y oposición. Sino, los que deberán hacerlo en defensa propia son los ciudadanos en las urnas, paradojalmente.
El bien común y el sentido común, no pocas veces, se juntan en un camino virtuoso, y son las sociedades las que finalmente deciden transitarlo.
