La Nación retoma proyectos claves en medio de tensiones con las provincias
En un contexto de tensiones políticas y demandas crecientes por parte de las provincias, el Gobierno nacional anunció la reactivación de más de 200 obras públicas que habían sido paralizadas desde el inicio de la gestión actual. La decisión fue confirmada por la Cámara Argentina de la Construcción, marcando un cambio de rumbo que podría tener un impacto significativo en numerosas comunidades del país.
Se trata de 63 obras viales —como rutas y caminos estratégicos— y unas 170 obras hídricas de distinta envergadura, muchas de ellas con un 80% de avance. “Apareció la plata”, indicaron desde la Cámara, reflejando el alivio del sector ante un contexto económico incierto y de alta necesidad en materia de infraestructura.
Obras prioritarias: entre la urgencia social y la voluntad política
Según expresó Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la Construcción, “el Gobierno manifestó su voluntad de terminar las obras prioritarias”, reconociendo que muchas de ellas requieren tratamientos contractuales previos a su reanudación. La decisión llega luego de que miles de proyectos fueran cancelados o traspasados a las provincias, quedando solo 183 bajo la órbita nacional, de los cuales la mayoría estaban detenidos.
Las obras seleccionadas para retomarse en los próximos días son clave para la conectividad, el acceso al agua potable y el saneamiento, y forman parte de los reclamos históricos de muchas regiones del país, especialmente las más postergadas.
Una oportunidad para sanar heridas y reconstruir la confianza
Durante meses, los gobernadores reclamaron con insistencia la reactivación de estas construcciones, no solo por su importancia en términos de desarrollo regional, sino también por la pérdida de empleos y la paralización de economías locales enteras. La reciente decisión de Nación puede interpretarse como un gesto de escucha y reconciliación, aunque aún queda mucho camino por recorrer.
En la última reunión del Consejo Federal de Inversiones, los mandatarios provinciales volvieron a reclamar no solo por las obras, sino también por la coparticipación y la asistencia financiera. En este contexto, el anuncio aparece como un primer paso para recuperar el diálogo institucional y ordenar las prioridades.
El bien común por encima de los intereses sectoriales
Desde una mirada justa, no se puede ignorar que la obra pública no es solo una cuestión técnica o presupuestaria: es un acto de justicia social bien entendida. Es una forma concreta de hacer presente el amor al prójimo, especialmente a los más vulnerables. Cuando el Estado construye una ruta, un acueducto o un hospital, está dando un paso hacia una sociedad más fraterna. La Doctrina Social de la iglesia, que hoy el Papa León XIV, ha puesto en primer plano como una guía magistral para el desarrollo armónico de las sociedades, lo plantea desde las enseñanzas evangélicas.
Por eso, no basta con que “aparezca la plata”. Es imprescindible que la gestión de los recursos públicos se realice, sí, con honestidad, eficiencia y orientada al bien común. Ni la ideología liberal que todo lo deja al mercado, ni la estatización excesiva que paraliza, pueden dar respuestas plenas si se olvidan del rostro humano de la política: la persona. Y es lo que la DSI reclama a la política.
En palabras del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, el principio de subsidiariedad exige que el Estado intervenga cuando los sectores privados no pueden garantizar ciertos servicios esenciales. Y eso ocurre, especialmente, en las comunidades más pequeñas o alejadas, donde el lucro no llega, pero sí la necesidad.
Superar las falsas dicotomías: Estado, mercado y solidaridad
Es hora de superar las falsas antinomias que tanto daño han hecho a nuestra historia. No se trata de elegir entre Estado o mercado, sino de integrar con sabiduría ambas dimensiones. El Estado debe ser árbitro justo, promotor del desarrollo y garante de derechos, mientras que el sector privado debe tener reglas claras para competir y contribuir con responsabilidad social.
Como ciudadanos, y especialmente los que priorizamos los valores católicos que hicieron grande a la patria en manos de nuestros próceres, debemos exigir gobiernos honestos, responsables y cercanos, que hagan de la política un verdadero servicio. Que esta reactivación de obras no sea solo una estrategia coyuntural, sino el inicio de una etapa en la que el bien común vuelva a ser el horizonte de toda decisión pública.
Que Dios inspire a quienes gobiernan para traducir esta esperanza en realidades palpables para quienes más lo necesitan. Porque donde hay una obra que se termina (construida por manos privadas o no), hay una comunidad que se levanta. Y que sumará al círculo virtuoso que debemos retomar, como en los tiempos de la Argentina dorada que construyeron nuestros antepasados a principio del siglo pasado.
