El ex presidente Alberto Fernández fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la denominada causa Seguros, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de pólizas estatales durante su gestión. El juez federal Sebastián Casanello firmó la resolución que no sólo alcanza al ex mandatario, sino también a su histórica secretaria María Cantero y al empresario Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández y esposo de Cantero.
Una trama de favoritismos y negocios privados
Según la investigación judicial, durante su gobierno, Fernández impuso mediante el decreto 823/21 la obligatoriedad para todos los ministerios y organismos estatales de contratar exclusivamente con Nación Seguros. A través de esta normativa y otras decisiones administrativas, se habrían favorecido empresas vinculadas al entorno íntimo del ex presidente.
El principal beneficiario habría sido el empresario Martínez Sosa, quien acumuló comisiones por más de $2.297 millones entre 2019 y 2023, lo que representa cerca del 60% del total de lo pagado en comisiones durante ese período. Su empresa fue contratada por 19 organismos públicos, recibiendo ingresos por al menos $366 millones en ese lapso.
La figura de la secretaria y el conflicto de intereses
El juez Casanello también focalizó su acusación en María Cantero, designada como secretaria privada del presidente en un cargo de alta sensibilidad, pero a la vez contratista del Estado. “Estaba claramente de los dos lados del mostrador”, sostiene el fallo, que detalla que Cantero recibía pagos frecuentes por parte de empresas aseguradoras mientras se desempeñaba en el entorno presidencial.
Chats personales entre Cantero y otros funcionarios, que salieron a la luz en 2024, aportaron indicios adicionales que profundizaron las sospechas. Entre ellos, se hallaron conversaciones con la entonces primera dama Fabiola Yañez vinculadas a temas de índole personal y de violencia doméstica, aunque no forman parte directa de esta causa.
Alberto Fernández con su amigo el productor de seguros Martínez Sosa, beneficiado.
Fuerte descargo de Alberto Fernández
Desde sus redes sociales, Alberto Fernández repudió la decisión judicial y afirmó que se trata de una medida "arbitraria y forzada". “Se me imputa no haber advertido el riesgo de designar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”, escribió el ex presidente, y agregó: “La decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso”.
Fernández también acusó a la Justicia Federal de perseguirlo políticamente. “Seguiré intentando que la Justicia cumpla su función de impartir justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”, expresó.
Embargo millonario y apelación en curso
Además del procesamiento, Casanello ordenó un embargo sobre los bienes del ex presidente por más de $14.600 millones. La defensa de Fernández ya anunció que apelará la decisión ante la Cámara de Apelaciones, solicitando que se anule la resolución por considerarla “arbitraria, prematura e infundada”.
“La decisión se tomó sin haber producido ninguna de las pruebas ofrecidas por el Dr. Fernández en reiteradas oportunidades”, señaló su equipo legal en un comunicado. “Nuestro objetivo es que se encauce la investigación con parámetros objetivos y en busca de la verdad”.
Una sociedad harta de la corrupción
El procesamiento de Alberto Fernández se suma a una larga lista de causas judiciales que involucran a ex funcionarios de distintas gestiones, lo que alimenta el creciente malestar de la sociedad argentina frente a los escándalos de corrupción.
En el caso de Fernández, su imagen pública ya había sufrido un fuerte desgaste por su inconducta y mentiras durante la pandemia, las visitas privadas en Olivos, contradicciones discursivas y escándalos personales que salieron a la luz. El caso Seguros es la gota que rebalsa nuevamente el vaso, y vuelve a instalar su figura en el centro de la crítica pública.
Un reclamo por justicia con celeridad
La ciudadanía, harta de la corrupción, y en particular con el sainete interminable de Alberto Fernandez y su vida llena de falsedades, espera que la Justicia avance con firmeza y transparencia, pero por una vez, con celeridad. Y si bien Fernández insiste en que es víctima de una persecución política, los hechos y pruebas reunidas por la fiscalía presentan una trama compleja, con potenciales derivaciones aún por investigar, que ya no sorprenderían, tampoco.
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