Críticas a la política pública actual
En un reciente informe Amnistía Internacional manifestó su preocupación por lo que considera un “desmantelamiento” de las políticas públicas que garantizan el acceso al aborto en Argentina. Según la organización, en el último año las denuncias por obstáculos para acceder a esta práctica legal crecieron un 275%. Sin embargo, el informe no son precisas las fuentes ni el mecanismo de recolección de esos datos.
Entre las razones que enumera, se señala la falta de insumos como misoprostol y mifepristona —dos fármacos utilizados para la interrupción del embarazo— cuya distribución nacional habría cesado en 2024.
Medicamentos delicados, uso controvertido
Este tipo de fármacos, originalmente destinados a tratamientos médicos específicos como la dilatación del cuello uterino para procedimientos ginecológicos, están hoy autorizados para su uso abortivo en las primeras doce semanas de gestación. Su administración, según el prospecto, requiere prescripción médica, receta archivada y supervisión del profesional médico.
Pese a estas condiciones, se ha denunciado que, durante años, algunos hospitales y organizaciones los distribuyen sin control médico. Esta práctica, lejos de cesar, continúa en varias provincias, como Buenos Aires y CABA, entre otras, donde sus gobernadores incluso se han incrementado los presupuestos para su adquisición y entrega.
Detalle del prospecto de Misoprostol indicando prescripción médica y receta archivada
Recordemos también que las regulaciones de la ANMAT señalan la obligatoriedad de entidades sanitarias autorizadas y farmacias al archivo de las recetas médicas de los fármacos en cuestión; y que la venta o distribución de sustancias medicinales sin receta médica puede ser reprimida con prisión, incluso, según el artículo 204 del Código Penal Argentino, siendo la pena de seis meses a tres años de prisión a los responsables.
La entrega "gratuita" y sus interrogantes
La Fundación Huésped, también promotora del aborto legal, publica en su web un mapa interactivo cientos de lugares públicos y privados donde se entregan gratuitamente estos medicamentos (donde.huesped.org.ar).
Imagen del mapa de la Fundación Huésped informando los lugares de distribución gratuita de abortivos
Una mayoría de hospitales, centros médicos, caps; así como una cantidad considerable de “organizaciones sociales” como “Casa Fusa”, “Consejería pre y post aborto de Ahora decido Yo”, “Mala Junta”, “Consejería de aborto con pastillas” de Villa Crespo; y hasta instituciones insólitas como una sociedad de fomento o un club de barrio (“Sociedad de Fomento Islas Malvinas de Avellaneda” y el “Club Belgrano”). Ver capturas de pantalla a modo de prueba documental de la temeridad de estos organismos.
Esto plantea una inquietud legítima: ¿estos lugares están cumpliendo los protocolos legales? ¿Existe en ellos control médico, receta archivada y seguimiento profesional? La ley permite el aborto, pero también exige garantías sanitarias y el debido acompañamiento médico con los procedimientos para matar al feto, en custodia de la salud de la madre.
No es un chicle lo que se proporciona. Y el prospecto señala contraindicaciones y riesgos, y son los profesionales médicos y/o estas organizaciones los responsables civiles y penales de las consecuencias.
¿Orientación o "desinformación"?
Otro punto señalado por Amnistía Internacional es la existencia de lo que denomina “centros de maternidades vulnerables” en algunos hospitales públicos nacionales. Según su visión, en estos espacios se “disuade” a las “personas gestantes” de acceder al aborto.
La crítica, sin embargo, se dirige a profesionales de la salud que brindan información sobre riesgos y alternativas al aborto. Llamar “desinformación” a una orientación médica basada en el cuidado integral y la posibilidad de elegir con conocimiento, parece más una postura ideológica que una preocupación genuina por la mujer con embarazo de riesgo. Según Mariela Belski, directora de Amnisty en Argentina, estos espacios funcionan como lugares de “desinformación activa, donde se intenta disuadir a las personas gestantes de acceder a una práctica legal y segura”, argumenta.
El “asesoramiento” informal dado por organizaciones feministas no es denunciado por Amnesty
Que una joven, incluso menor de edad, por las razones que sean, llegue angustiada por un embarazo inesperado sea atendida por un médico que la oriente ¿es incorrecto?. Hemos llegado al punto en que el sentido común ha sido derrotado por la obsesión de la práctica abortiva a toda costa por parte de estos grupos.
Un llamado a las autoridades y a la conciencia social
La entrega masiva y sin control médico de medicamentos con riesgos sanitarios debería llamar la atención de las autoridades, y que se realice control urgente de estas “entregas gratuitas”, sobre todo por parte de organismos privados, que sin ningún prurito, en muchos casos, lo hacen sin atender a obligatoria prescripción médica, seguimiento y control que la Ley exige.
En este contexto, cobran fuerza las palabras del Papa León XIV, quien instó a defender la dignidad de los más vulnerables, desde el niño por nacer hasta los ancianos. Una sociedad que pierde de vista ese principio corre el riesgo de debilitar los cimientos sobre los que se construye la justicia y la verdadera libertad.
Ya van más de 300.000 niños abortados, sin contar los que fueron eliminados con el Misoprostol y otros, sin control, con la anuencia de organizaciones extranjeras como Amnesty International, Planned Parenthood, Fundación Soros y otras. La Justicia y los gobernantes deben tomar nota de esto.
