Una coalición amplia aprobó la ley
El Senado convirtió en ley el aumento del presupuesto para las universidades nacionales, en una votación que reunió al kirchnerismo, peronistas no K, la UCR, partidos provinciales y disidentes del PRO. La iniciativa fue aprobada por 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.
El proyecto establece una mayor asignación de recursos para más de 50 universidades públicas del país. El presidente Javier Milei ya adelantó que vetará la norma, al considerar que amenaza el equilibrio fiscal.
El costo estimado
De acuerdo con la Casa Rosada, la medida tendría un costo equivalente al 0,16% del PBI (0,14% en salarios y 0,02% en otros gastos). Sin embargo, legisladores opositores sostuvieron que la cifra real no superaría el 0,12% del PBI.
La norma dispone la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades desde el 1° de enero de 2025, en línea con la variación del IPC entre mayo y diciembre de 2024. Además, establece que dichos gastos deberán actualizarse de manera bimestral durante 2025.
También obliga a una recomposición salarial para docentes y no docentes, que no podrá ser inferior al índice de precios al consumidor en el período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley.
Reclamos en el recinto
El radical bonaerense Maximiliano Abad advirtió sobre la “grave situación” de las universidades públicas y reclamó un marco legal que garantice su financiamiento. Desde el oficialismo, en cambio, se volvió a remarcar que muchas casas de estudio tienen plantas no docentes sobredimensionadas y se resisten a auditorías estatales bajo el argumento de la autonomía universitaria.
Emergencia pediátrica y el Garrahan
Tras la votación universitaria, la oposición habilitó con mayoría especial el tratamiento de la emergencia sanitaria pediátrica, que implica un aumento de presupuesto para el Hospital Garrahan.
El Hospital Garrahan, olvidado durante muchos años por los gobiernos anteriores, y hoy transformado, es necesario decirlo, en una bandera política de la oposición, gracias también al gobierno, “que usa la motosierra en lugares donde debería usar el bisturí” (al decir de Luis Juez, senador que apoya al gobierno pero también es crítico de la gestión).
La norma dispone la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica, con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. El beneficio también alcanza a residentes de todas las especialidades.
En materia salarial, el texto aprobado estipula que la recomposición no podrá ser menor a los niveles reales de noviembre de 2023. Además, exime del pago de Ganancias a los trabajadores de la salud que cumplan funciones críticas, guardias u horas extras.
Impacto fiscal incierto
La senadora kirchnerista Lucía Corpacci, miembro informante de la oposición, reconoció que no se podía estimar con precisión qué porcentaje del PBI representaría el gasto. De todos modos, aseguró que sería inferior a la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La ley establece que el Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas del Ministerio de Salud y podrá ampliar recursos utilizando reservas para contingencias sanitarias.
Política y elecciones
Las dos leyes se sancionan en un contexto donde la agenda del Congreso está atravesada por el calendario electoral. Los opositores las presentan como respuesta a demandas sociales urgentes, mientras el oficialismo denuncia un avance del gasto sin fuentes claras de financiamiento.
En medio de estas tensiones, la sociedad observa con desconcierto la escena política: aumentos de dietas parlamentarias, promesas de financiamiento sin respaldo y un clima de incertidumbre económica.
Una vez más, la pregunta de fondo queda sin responder: ¿Alguna vez se podrán establecer políticas de Estado por encima de las elecciones que enrarecen la vida diaria de los argentinos cada dos años?
