El asesinato de la niña Kim, cometido por dos menores delincuentes en La Plata, reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal en Argentina. El crimen ocurrió cuando los jóvenes robaron un vehículo en el que viajaba la niña con su madre, quien fue arrastrada durante 10 cuadras y murió por los golpes recibidos. Este hecho generó una profunda conmoción en la sociedad y puso nuevamente en discusión la responsabilidad penal de los menores de edad que delinquen.
Presentación de Proyecto de Ley en 2024
El 28 de junio del año pasado, el Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para adolescentes de entre 13 y 18 años que cometan delitos. En la presentación del proyecto, el gobierno argumentó que “la baja de imputabilidad es un asunto que gobierno tras gobierno, año tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo. Esta gestión no tiene vocación de mentirles a los argentinos; las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas”.
Además, se destacó que “las consecuencias de años de zaffaronismo, sumadas al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados”.
El asesinato de Kim reavivó el debate, y la sociedad exige respuestas concretas para frenar la criminalidad juvenil.
El asesinato de la niña Kim rebalsó el vaso. Nuevamente
De acuerdo con la reconstrucción del hecho, los delincuentes sustrajeron el vehículo de la familia de Kim y emprendieron la fuga a gran velocidad. Se presume que la niña intentó bajarse del auto en movimiento, pero quedó atrapada bajo las ruedas, lo que provocó que fuera arrastrada varias cuadras hasta su fallecimiento.
Los dos jóvenes responsables fueron detenidos y se les imputó el asesinato de la niña y el robo del vehículo. La indignación en la comunidad creció al conocerse detalles del caso. En una entrevista, el padre de uno de los delincuentes declaró: “Yo venía renegando mucho con él. Hace 20 días se había robado un auto y cuando lo fui a retirar yo les pedí que lo manden a algún lado. Me dijeron que no lo podían tener porque es menor”.
Asimismo, el hombre expresó su postura sobre la detención de su hijo: “Así como lo entregué, que no me llamen porque no lo voy a sacar. Que se pudra adentro y pague lo que hizo”. Finalmente, concluyó con un mensaje dirigido a la familia de la víctima: “Les pido mil disculpas a los padres de Kim. Que se queden tranquilos que él va a pagar lo que hizo”.
Este testimonio refleja la impotencia incluso de los propios padres para contener a sus hijos cuando caen en la delincuencia, pero es aún más preocupante la realidad cultural en la cual llegamos al extremo de que un mismo padre repudia a su hijo públicamente, ¿Realmente creemos que vamos a cambiar esta situación sin una mirada integral y cristiana en la crianza de nuestros hijos? Muchos de estos menores, que podrían por ejemplo colaborando con una parroquia y nutriéndose de valores para su futuro o aprendiendo a leer y escribir en una escuela para tener una salida laboral mínima, en su lugar aprenden a delinquir en las calles o son reclutados por terceros para cometer delitos o participar en el narcomenudeo.
Comparación con otros países
La baja de la edad de imputabilidad es un tema en discusión a nivel global. Según UNICEF, la mayoría de los países de América Latina han establecido la edad mínima de responsabilidad penal en los 12 años, como sucede en Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Panamá. Otros países, como Bolivia, Chile, Colombia y Perú, la fijaron en 14 años.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda que la edad mínima de imputabilidad no sea inferior a los 12 años.
En Argentina, la edad mínima de imputabilidad es de 16 años, y de 18 para delitos menores con penas inferiores a dos años de prisión. En la actualidad, cuando un menor comete un delito, un juez toma conocimiento del hecho, informa a los padres y ordena peritajes psicológicos, para luego restituirlo a su familia.
En Europa, la edad de imputabilidad varía considerablemente. En Irlanda se establece en los 7 años, en Inglaterra a los 10, en Francia y Grecia a los 13, mientras que en España, Austria, Bulgaria, Holanda e Italia es a los 14 años. En Estados Unidos, la edad mínima de imputabilidad a nivel federal es de 11 años, aunque cada estado puede establecer su propia regulación.
¿Por qué es necesario bajar la edad de imputabilidad penal?
Más allá de los antecedentes de otros países y las recomendaciones, incluso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es bueno tomar nota de lo que el Derecho ha reconocido históricamente: la capacidad de discernimiento de los menores. Dalmacio Vélez Sarsfield establecía en el Art. 921 del Código Civil que “los actos serán reputados hechos sin discernimiento si fueran actos lícitos practicados por menores impúberes, o actos ilícitos por menores de 10 años…”. Esto implica que los menores a partir de los 10 años ya eran considerados responsables de sus actos ilícitos.
El Código Civil vigente, elaborado por Ricardo Luis Lorenzetti, establece en su artículo 26 que “se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir…”. Además, considera que un adolescente mayor de 16 años debe ser tratado como un adulto en materia penal.
Estos fundamentos jurídicos refuerzan la necesidad de modificar la legislación actual. La implementación de estas medidas podría contribuir a reducir la delincuencia juvenil y garantizar mayor seguridad a la sociedad.
¿Por qué es correcta y necesaria esta medida?
Desde el punto de vista ético, ciudadano y de moral cristiana, la disminución de la imputabilidad penal a menores desde los 13 años se justifica al considerar que, a esta edad, los jóvenes ya poseen la capacidad de discernir entre el bien y el mal, lo que implica una responsabilidad significativa por sus acciones.
Reconocer que los menores son conscientes de las consecuencias de sus actos fomenta una cultura de rendición de cuentas que es esencial para el desarrollo de una sociedad justa y ordenada. Al responsabilizarlos por delitos cometidos, se les alienta a reflexionar sobre sus decisiones y a entender el impacto que pueden tener en los demás y en la comunidad en general. Desde la perspectiva de la moral cristiana, esta responsabilidad también se traduce en una oportunidad para la rehabilitación y el perdón, permitiendo que los jóvenes aprendan de sus errores y se reintegren en la sociedad de manera positiva, así como también que se protejan los derechos y la seguridad de las víctimas y la comunidad.
Baja de la edad de imputabilidad penal en Argentina