Avanza la investigación por maniobras millonarias con intermediarios durante su gestión
El ex presidente Alberto Fernández compareció este viernes ante el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que investiga posibles irregularidades en contrataciones de seguros durante su gobierno. Aunque negó haber favorecido a intermediarios, admitió su relación personal con uno de los principales beneficiarios del esquema, el broker Héctor Martínez Sosa, amigo íntimo y esposo de su ex secretaria presidencial (en la foto con Fernandez).
El decreto bajo sospecha
La causa judicial se centra en el decreto 823/2021, firmado durante su gestión, que obligó a todos los organismos públicos a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A.. Según la denuncia, esta norma habría favorecido a al menos 25 intermediarios privados, con contratos direccionados y sin competencia, generando comisiones por más de $3.300 millones entre 2019 y 2024.
Uno de esos intermediarios fue justamente Martínez Sosa, quien habría concentrado el 42% de las operaciones sospechadas.
Delitos y acusaciones
Fernández está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. A diferencia de su primera declaración, donde solo presentó un escrito, esta vez accedió a responder preguntas y solicitó pruebas y testimonios, incluyendo los de Vilma Ibarra y Martín Guzmán.
El ex presidente justificó su decreto asegurando que buscaba desarmar la cartelización del sector y fortalecer a la aseguradora estatal, pero para los investigadores, el resultado fue todo lo contrario: un circuito cerrado de contrataciones direccionadas que impidió la libre competencia y benefició a un grupo selecto cercano al poder político.
El vínculo con el broker amigo
Uno de los puntos clave de la causa es el vínculo directo de Fernández con Martínez Sosa, quien además es esposo de María Cantero, ex secretaria presidencial, también imputada en la causa.
Aunque Fernández reconoció su amistad, intentó desvincularlo de decisiones oficiales:
“Nunca pedí que lo tomaran como asesor ni que pasaran seguros por sus manos”, declaró.
Sin embargo, informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) revelaron que Fernández le facturó servicios profesionales a Martínez Sosa entre 2010 y 2019, lo que profundiza las sospechas sobre el posible conflicto de interés.
Bienes embargados, luego liberados
En abril de 2024, el juez Julián Ercolini había ordenado la inhibición de bienes de los imputados, decisión que fue revocada por la Cámara Federal. Luego, el juez Casanello volvió a congelarlos, pero las defensas apelaron y lograron revertir la medida nuevamente.
Ahora, Casanello deberá decidir si dicta el procesamiento de Fernández y de los otros imputados. La Sala II de la Cámara Federal exhortó a resolver con celeridad la situación procesal, debido a la gravedad institucional del caso.
Una causa que exige respuestas
Más allá del aspecto técnico, la causa por los seguros toca un nervio sensible en la sociedad argentina: la sensación de impunidad de ciertos dirigentes, el uso del Estado como plataforma de negocios personales y la falta de sanción efectiva a la corrupción estructural.
Alberto Fernández enfrenta, además, un proceso judicial por violencia de género, por denuncias de su ex pareja y madre de su hijo. Todo esto genera un escenario de desgaste institucional que reclama justicia firme y transparente.
¿Habrá justicia alguna vez para los poderosos?
La ciudadanía no olvida. Los nombres cambian, pero las maniobras suelen repetirse: funcionarios que legislan o gobiernan en beneficio de sus círculos íntimos, usando al Estado como empresa privada.
Los montos son millonarios, pero el daño más profundo es la desconfianza de un pueblo cansado de ver cómo la ley parece aplicarse solo al débil.
¿Será esta vez diferente? ¿Se investigará a fondo? ¿Se recuperarán los fondos públicos?
La justicia argentina tiene la oportunidad de dar un paso necesario hacia la reparación, sancionando si corresponde, y reafirmando que nadie, ni siquiera un ex presidente, está por encima de la ley.
