Una suma millonaria por el daño al Estado
El juez federal Jorge Gorini elevó a la Corte Suprema de Justicia un pedido concreto: avanzar con el decomiso de bienes contra Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados por el caso conocido como Vialidad.
El monto base, que asciende a $86.000 millones, representa el perjuicio económico estimado por una maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. La cifra, además, deberá ser actualizada.
Corrupción sistemática: una red de complicidades
Según el fallo ratificado semanas atrás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los años 2003 y 2015, el 86 % de las obras viales en Santa Cruz —financiadas por el Estado nacional— fueron adjudicadas de forma irregular al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, ex empleado bancario y amigo de Néstor Kirchner.
El mecanismo incluyó licitaciones direccionadas, simulación de competencia, pagos privilegiados y ausencia total de controles estatales.
En palabras del Tribunal Oral Federal N.º 2, se trató de “una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia del país”.
¿Quiénes son los responsables?
Además de la ex presidente Cristina Kirchner, la lista de condenados incluye a figuras centrales del aparato público y empresarial de la época:
- Lázaro Báez, empresario beneficiado con las obras.
- José López, ex secretario de Obras Públicas.
- Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional.
En total, son nueve los condenados que deberán responder por el perjuicio económico, y a quienes Gorini les exigirá el pago de su parte correspondiente.
Cómo se calculó el monto del daño
El cálculo original se elaboró a partir de peritajes técnicos sobre cinco obras “testigo”, entre ellas tres tramos clave de la Ruta Nacional 3, entre Caleta Olivia y Rada Tilly.
Estas obras evidenciaron sobreprecios considerables y prácticas de colusión empresarial.
A los resultados de estas pericias se sumaron indicadores generales de sobrecostos y simulaciones de competencia, lo que permitió llegar a una estimación global del daño patrimonial.
Próximos pasos: actualización, plazo y ejecución
Una vez que los peritos de la Corte actualicen el monto definitivo —ajustado a valores actuales—, el juez Gorini procederá a notificar a los condenados, quienes tendrán un plazo de 10 días hábiles para abonar sus respectivas porciones del total.
En caso de no hacerlo, se procederá a ejecutar los bienes registrados a nombre de los imputados, tal como lo permite la legislación vigente.
Informe patrimonial y bienes a embargar
El fiscal Diego Luciani, quien llevó adelante la acusación durante el juicio, ya presentó un extenso informe de 40 páginas con el detalle del patrimonio, bienes y empresas de los condenados.
Este material, según fuentes judiciales citadas por Nuevo Día de Santa Cruz, será clave a la hora de ejecutar embargos o remates en caso de incumplimiento del pago.
Una herida abierta para la justicia argentina
Más allá del monto, lo que se discute aquí es algo mucho más profundo: la verdad, la reparación y la necesidad de justicia para el pueblo argentino.
En una democracia, el uso del poder para enriquecer a amigos o saquear el Estado no sólo corrompe instituciones, sino que destruye la confianza social y vulnera el tejido moral de la Nación.
Cuando quienes deben velar por el bien común caen en la tentación del dinero y el poder, la Patria entera sufre. Y aunque tarde, la justicia tiene la misión —y la obligación— de restablecer el orden quebrado.
Una oportunidad para reconstruir
Este caso no solo interpela al poder político y judicial: nos interpela a todos. ¿Qué clase de país queremos? ¿Seguiremos tolerando que los fondos públicos terminen en bolsillos privados o aprenderemos a exigir con firmeza una política al servicio de la verdad, la honestidad y el bien común?
En una Argentina herida por la corrupción, la recuperación de estos fondos puede ser un paso hacia la restauración de la justicia y la esperanza.
Porque ningún plan social, ninguna obra pública y ningún discurso de justicia social puede justificarse cuando, por debajo, se alimenta la codicia de unos pocos a costa del sufrimiento de millones.
De nuestro voto, también, depende, para que jamás vuelva a repetirse.
