Como en muchas otras provincias de Argentina, en Tucumán, los derechos laborales para personas con discapacidad enfrentan un desafío significativo debido a la falta de cumplimiento de la legislación existente. La Ley Nacional 22.431, vigente desde 1981, establece cupos laborales para personas con discapacidad en el sector público y privado, con el objetivo de garantizar su inclusión y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la implementación de estas normativas ha sido insuficiente, dejando a muchos tucumanos sin las oportunidades que la ley promete.
Legislación y Cupos Laborales
La Ley Provincial N° 6.830, al igual que la Ley Nacional, fija el 4% del cupo laboral para personas con discapacidad, previsto en el artículo 10.
Es interesante la claridad de la redacción del mismo, señalando su forma de aplicación, además de las consecuencias del incumplimiento de la misma (cosa que la gran mayoría de los tucumanos desconocen). El artículo inicia informado que: “Las reparticiones del Estado Provincial, sus entes autárquicos y los Municipios que se adhieran a la presente Ley, deberán incorporar como empleados a personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo” señalando explícitamente que deben tener “una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal permanente”, y en ese punto concluye con el párrafo siguiente: “El incumplimiento de lo preceptuado en el párrafo anterior será considerada falta grave y hará pasible al o los funcionarios responsables de los organismos aludidos a las sanciones administrativas previstas en las disposiciones legales que rigen en la materia”. Incluso prevé que las reparticiones “deberán poner a disposición de la autoridad de aplicación el detalle del personal discapacitado que presta servicios en tal organismo. La autoridad efectuará el control del cumplimiento del cupo establecido por este artículo”. Por lo que también prevé la disposición de un efectivo control, no sólo la contratación de personal discapacitado.
Falta de Cumplimiento
A pesar de la existencia de esta tan explícita legislación, tanto el Estado como los municipios en Tucumán(que están adheridos a la ley de marras) han fallado en su implementación efectiva. La falta de cumplimiento se debe a varios factores, entre ellos la falta de fiscalización adecuada y la ausencia de políticas concretas para promover la inclusión laboral. Muchas empresas y entidades gubernamentales no cumplen con los cupos establecidos, argumentando dificultades para encontrar candidatos calificados o simplemente ignorando las obligaciones legales, en un desprecio por la dignidad de las personas que les cabe el beneficio y esperan sin esperanza.
Impacto en la Calidad de Vida
La falta de cumplimiento de los cupos laborales tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sin acceso a empleo formal, estas personas enfrentan dificultades económicas significativas, lo que limita su autonomía y oportunidades para mejorar su situación personal y familiar, ya de por sí con mayor problemática que otras. Además, la exclusión laboral perpetúa estigmas y barreras sociales que dificultan aún más la integración de estas personas en la sociedad, y muchas veces los lleva a la angustia y la depresión, ante la impotencia.
Iniciar un Cambio en Serio
Es fundamental que tanto el gobierno provincial como los municipios de Tucumán tomen medidas concretas para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente sobre derechos laborales para personas con discapacidad.
Con políticas de inclusión efectivas, la capacitación de funcionarios y empleados jerárquicos sobre la empatía y respeto no sólo a la norma, sino a los ciudadanos que sobrellevan una discapacidad y sus derechos.
En los últimos tiempos muchos de ellos han sido cesanteados en los ajustes de personal que se vienen realizando como parte de las medidas de eficiencia del Estado, de forma injusta, ya que estos empleados están amparados por la Ley 6.830, incluso.
¿Quién podrá garantizar que estas personas tengan las oportunidades necesarias tener un trabajo que mejora su calidad de vida?
Las autoridades de contralor específicas, o la Defensoría del Pueblo de Tucumán deberían hacer cumplir y sancionar a los responsables de velar por el cumplimiento de la ley, pero vemos que miran para otro lado, mientras siguen ingresando personas, cada año, muchas veces por vínculos políticos.
La corrupción, de cara al delicado tema del cupo de discapacitados, muestra su cara más infame. Quiera Dios que ilumine a los responsables para hacer la verdadera inclusión social que esperan los discapacitados y sus familias. ¿Será justicia?
Derechos Laborales para Discapacitados en Tucumán: Un Desafío Pendiente