El Gobierno argentino está preparando un proyecto para derogar y la figura de femicidio en el Código Penal, la Ley Micaela, los cupos en el Estado para minorías por cuestión de género, y se contempla que busquen eliminar toda norma que tenga una discriminación positiva (léase beneficios) para ciertas minorías, por orientaciones sexuales, en la sociedad. Se sostiene desde el Gobierno que no tiene sentido que el Estado haga excepciones para otorgar un trato especial a un grupo en particular, y expresan que Javier Milei no apoyará políticas que defiendan la diversidad de género.
La administración planea enviar este paquete de leyes, que está redactando La secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, al Congreso durante las sesiones ordinarias y podría convertirse en uno de los ejes de la campaña electoral para las legislativas de 2025.
Entre las leyes que se busca derogar se encuentra la Ley 26.791, que considera como agravante un homicidio cometido por un hombre con violencia de género. Desde el Gobierno se argumenta que no hay diferencia entre el homicidio de un hombre y el de una mujer, como también lo expresó el Presidente en Davos hace pocos días.
Asimismo, se busca eliminar la Ley Micaela (27.499), que establece capacitaciones obligatorias en ideología de género, feminismo y violencia contra las mujeres para todos los trabajadores del Ejecutivo, Congreso y Justicia, que estaba a cargo de un grupo de militantes feministas designado por el extinto Ministerio de las Mujeres de Fernández, y q ue podía, incluso, informar en una página web, en un estilo de policía del pensamiento, a aquellos que no “aprobaban” la capacitación.
Entre las medidas, se busca incluir la eliminación de los cupos laborales en los tres poderes del Estado para personas travestis, transexuales y transgénero (Ley 27.636), que obligaba a la contratación de empleados por esa condición sexual, sin necesariamente la justa competencia con cualquier otro postulante, aún más capacitado para la tarea laboral.
Otro decreto que se propone eliminar el Ejecutivo es el decreto 476/2021, que introdujo el DNI no binario, permitiendo una tercera opción en el campo del sexo en documentos nacionales, a sola petición del interesado.
La polémica Ley de Paridad de Género (27.412), que exige una representación equitativa de hombres y mujeres en listas electorales será parte del paquete que el Gobierno enviará al Congreso, que obliga a elegir en una lista sábana a los candidatos no necesariamente por su idoneidad para el cargo que se postulan, sino por su género (en un 50%), y como vimos, una gran proporción de las candidatas terminaron siendo las esposas, hermanas o amantes, incluso, de políticos que se atornillan al poder como pueden, y denigran con estas acciones la calidad democrática que se pretende.
Además, se busca eliminar la Ley de Cupo en Eventos Musicales (27.539), que estipula que al menos el 30% de los artistas en festivales y eventos musicales deben ser …mujeres. Esta y muchas otras de discriminación positiva fueron práctica común en anteriores gobiernos, y “obligaron” a la ciudadanía a escuchar lo que los funcionarios de turno decidían.
La iniciativa incluye la revocación de la Ley de Identidad de Género (26.743), que permite a las personas identificarse conforme a su autopercepción en documentos oficiales y a acceder a tratamientos médicos de hormonización, operaciones de implantes mamarios en varones que desean asemejarse al sexo opuesto, o de mujeres que se autoperciben como hombres y se someten a operaciones de eliminación de glándulas mamarias, lo que comúnmente se conoce como “cambio de género” …incluso en menores de edad. Todos estos tratamientos “gratuitos”, además, solventados con los dineros públicos (nada es gratis, lo sabemos).
Este paquete legislativo ha generado preocupación entre sectores “progresistas”, cercanos a la ideología de género; y el apoyo de sectores que defienden la equidad social, no sólo en temas de contratación laboral, sino en los gastos que representan para el erario público.
¿Es justa y ética la eliminación de estas leyes?
Estas leyes, al priorizar la identidad de género autopercibida por encima de la capacidad y el mérito, pueden perpetuar una forma de discriminación que contraviene el principio de igualdad ante la ley, donde todos deberían ser evaluados y contratados según sus habilidades y competencias y no por su identidad sexual.
Además, destinar recursos públicos a intervenciones médicas como operaciones que se señalan más arriba, plantea interrogantes sobre la utilización de fondos estatales, que deberían ser orientados a garantizar servicios universales y equitativos para toda la población, en lugar de favorecer a un grupo específico.
Asimismo, es fundamental considerar que el verdadero avance hacia una sociedad inclusiva y tolerante radica en promover una cultura de respeto y dignidad para todos, desde la base moral de igualdad ante la ley de todos los integrantes de la sociedad, sin privilegios.
“Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales, de creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y no soy inferior a ninguno de ellos.” Marie Curie (1867-1934) Química y Física. Ganadora de dos Premio Nobel.
Derogación de polémicas leyes con contenido ideológico