La Universidad Nacional de Tucumán enfrenta recurrentes medidas de fuerza de los gremios de docentes y no docentes que exigen mejores condiciones salariales y presupuestarias, casi de forma endémica. Este ciclo lectivo no es la excepción, y la incertidumbre vuelve a afectar a miles de estudiantes.
A pesar de los reclamos sindicales, persiste una situación que genera inquietud: la negativa de la UNT a permitir auditorías externas sobre el manejo de sus recursos. Esto se da en un contexto de políticas nacionales orientadas a sanear las finanzas públicas. El gobierno del presidente Javier Milei ha impulsado mecanismos de control financiero en distintas áreas, incluyendo el ámbito educativo. Sin embargo, las autoridades de la UNT han mostrado una fuerte resistencia a esta iniciativa.
El deterioro del poder adquisitivo de los salarios ha sido el principal argumento para las protestas. Desde la Asociación del Personal No Docente de la UNT (APUNT), se denunció que la inflación ha hecho perder más de tres puntos en solo 90 días a los no docentes. En tanto, los representantes de ADIUNT, afirman que el 90% de los docentes está por debajo de la línea de pobreza y cuestionaron la decisión del gobierno de no otorgar aumentos salariales a partir de marzo próximo.
Sin embargo, la situación financiera de la UNT también genera interrogantes. La falta de auditorías sobre su presupuesto impide evaluar si los recursos se administran de manera eficiente. Esta postura de las autoridades universitarias resulta contradictoria frente a los reclamos por más fondos. En Tucumán se sabe que desde hace años, como coto de caza político, el personal en diferentes reparticiones y sobre todo en el Rectorado, se ha elevado con cada nuevo rector. La transparencia que la sociedad exige debería reflejarse en la casa de altos estudios, mucho más.
Para los estudiantes, las huelgas han tenido un costo significativo. Muchos de ellos provienen de provincias vecinas y hacen sacrificios económicos importantes para estudiar en Tucumán. Las paralizaciones prolongadas no solo afectan el rendimiento académico, sino también la estabilidad financiera de sus familias. ¿Cómo pueden planificar su futuro si cada inicio de clases está marcado por la incertidumbre? Hay facultades que ya programaron exámenes en febrero, pero se mira de reojo lo que desde el rectorado dispongan, no sin una mirada política, ya que el rector y su vice se declararon públicamente opositores a la gestión del gobierno nacional.
Por otro lado en marzo deberían comenzar los cursillos de ingreso y las clases en las escuelas medias dependientes de la universidad. Pero con el anuncio de nuevas medidas de fuerza, el calendario podría tambalear.
La postura del gobierno nacional busca equilibrar la educación pública con la responsabilidad fiscal y promete no desfinanciarla, pero sí exigir la transparencia que pide en todos los sectores públicos. Y la UNT no es una isla. Mucho menos, con los multimillonarios montos que recibió de YMAD por los cuales la Justicia Federal ha procesado al ex rector Cerisola y varios ex directivos de la UNT por el manejo irregular de los mismos. Pero las actuales autoridades miran para otro lado, pretendiendo que las auditorías internas son suficientes, aún con semejante antecedente.
El caso de la UNT pone en evidencia un problema de larga data: sin transparencia en la gestión de los recursos, los reclamos por más presupuesto pierden legitimidad. Si la universidad realmente busca mejorar la situación de sus trabajadores y estudiantes, debería comenzar por abrir sus cuentas a una revisión externa que permita identificar ineficiencias y corregirlas. Y eventualmente ajustar la planta a lo necesario, en beneficio de los que sí trabajan de verdad. Y los gremios, también politizados, deberían exigirla. ¿O acaso años anteriores pedían transparencia en post de mejores salarios?
Aquellos que salieron a marchar por la UNT hace meses, y que les vendieron un buzón, ya saben que los engañaron y que la universidad siguió siendo pública, gratuita, aún sin la auditoría que no realizan desvergonzadamente. ¿Juan B. Terán, fundador de la UNT acaso se hubiera negado a una auditoría? Definitivamente NO.
La transparencia en el manejo de los fondos de una universidad pública es un derecho que debe ser exigido por toda la sociedad, no solo porque se financia con los impuestos de los ciudadanos, sino por la ética inherente a la educación superior. Las universidades deben ser espacios de conocimiento y formación sin apellidos partidarios ni ideologías sesgadas; al convertirse en comités partidarios, desmerecen la labor de aquellos prohombres que las fundaron. Un correcto uso de los recursos fomenta la confianza, el respeto y el compromiso institucional, garantizando que la educación sea un bien común accesible y de calidad para todos.
Desde la UNT amenazan con no iniciar las clases