Convocatoria federal por una atención digna
Asociaciones civiles, familias, profesionales y trabajadores del ámbito de la discapacidad se movilizaron en todo el país para exigir la sanción de una Ley de Emergencia en Discapacidad. En Tucumán, la convocatoria se concretó en la plaza Independencia, donde distintos sectores se unieron en un reclamo común: una atención continua, digna y sin burocracias que perjudiquen a quienes más lo necesitan.
La movilización también tuvo su eco en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso Nacional, y en otras provincias del país, en una jornada que buscó visibilizar el deterioro del sistema de atención a personas con discapacidad y la situación de los prestadores.
Un sistema que agoniza
Las organizaciones describen el momento como una verdadera “emergencia” en el área.
Entre los puntos más críticos denunciados se encuentran:
- Actualización del nomenclador: se reclama una revisión urgente de los aranceles, desactualizados frente a la inflación y los costos operativos.
- Pagos a término: muchos profesionales y centros no están cobrando en tiempo y forma, lo que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos.
- Autorización de prestaciones: la demora en los trámites impide que muchas personas con discapacidad no accedan a la atención necesaria de manera oportuna.
Prestadores ahogados por la burocracia
Además del reclamo al Estado, es necesario señalar el rol de las obras sociales no estatales, que también incurren en demoras excesivas de pago a través de mecanismos burocráticos. Esta situación no solo perjudica a los profesionales, sino que impacta directamente en la calidad y continuidad del servicio que reciben los pacientes.
La demanda es clara: una legislación que ordene y agilice el sistema, priorizando el bienestar de las personas con discapacidad y no las conveniencias administrativas o presupuestarias.
Una deuda social urgente
El reclamo tiene un fuerte trasfondo ético y humanitario. Profesionales de la salud, terapeutas, docentes y acompañantes vienen sosteniendo, con recursos limitados y muchas veces postergados en sus derechos laborales, la atención de una población que no puede esperar.
“No se trata solo de una cuestión salarial. Se trata del derecho a vivir con dignidad”, señalaron algunos de los presentes. En ese sentido, se insistió en que los reclamos por una ley de emergencia no buscan privilegios, sino justicia.
El país atraviesa múltiples crisis, pero en medio de ellas, la atención a las personas con discapacidad debería ser una prioridad incuestionable. La movilización de este martes fue una expresión de ese clamor silencioso que hoy se volvió visible en las calles. El gobierno y el poder Legislativo tienen la palabra.
