El reciente fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital, sacudió a la opinión pública. Esta decisión, derivada del juicio iniciado por el grupo Petersen-Eskenazi, pone en evidencia un proceso de despojo institucional que comenzó hace más de una década, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner permitió que Repsol vendiera el 25% de las acciones de YPF al Grupo Petersen… sin inversión real, sin licitación y con total permisividad.
El escándalo no nace con el fallo. Se origina en un modelo de negocios ruinoso para el Estado, que regaló el control de una empresa estratégica a privados cercanos al poder, facilitando el vaciamiento progresivo de la compañía. El proceso posterior, que incluyó la expropiación sin pago a Repsol y sin previsión jurídica, hoy le cuesta al país miles de millones de dólares.
Hipocresías y relatos en la defensa de lo indefendible
Frente a este contexto, sectores del kirchnerismo han intentado reaccionar con consignas como “defendamos la soberanía sobre YPF”, olvidando que fueron precisamente ellos quienes entregaron la empresa y favorecieron a los Eskenazi. La incoherencia es flagrante: quienes dilapidaron el patrimonio nacional, ahora intentan ponerse la bandera de defensores de la patria.
La mirada “técnica” y sus riesgos
Algunos analistas financieros y juristas internacionales sostienen que aceptar el fallo y pagar sin cuestionamientos sería una señal de responsabilidad que podría mejorar la confianza internacional. Pero esta postura es peligrosa. Aceptar sin investigar es convalidar la corrupción, premiar a quienes montaron negocios turbios, y castigar nuevamente al pueblo argentino con una deuda impagable.
Además, la historia demuestra que pagar no garantiza mejores condiciones crediticias. Desde la dictadura hasta el kirchnerismo, Argentina firmó múltiples acuerdos y asumió compromisos sin que eso generara confianza duradera.
La verdadera oportunidad: recuperar la Justicia y la memoria
Lo que sí puede transformar este fallo en una oportunidad es reactivar la causa original por la entrega de YPF a los Eskenazi, que permanece dormida en la justicia argentina. Crear una fiscalía especial que investigue a fondo a los responsables políticos y empresariales de este saqueo —incluyendo a Kicillof, Repsol, y legisladores cómplices— sería un acto de reparación institucional.
Solo así Argentina podrá demostrar que la Justicia también se aplica hacia adentro, y que los errores del pasado no quedarán impunes. Esa sí sería una señal fuerte para el mundo.
Una reconstrucción con verdad y responsabilidad
Negociar con seriedad no implica rendirse, sino hacerlo con la frente alta, luego de haber investigado y sancionado. Recién entonces podrá hablarse de confianza, de inversión, y de credibilidad.
Porque el pueblo argentino no necesita más deuda ni más relatos, sino justicia, memoria y verdad. YPF fue una estafa. Que lo que hoy parece un castigo se convierta en el principio de una refundación ética del país.
