Mientras el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad continúa en el centro del debate político, la administración de Javier Milei sigue adelante con un plan de revisión exhaustivo de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL).
La hipótesis oficial es que una cantidad significativa de estos beneficios fue otorgada de manera irregular durante gobiernos anteriores.
720.000 cartas documento para notificar suspensiones
El 30 de julio, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó en el portal oficial Compr.Ar una licitación para contratar 720.000 servicios postales destinados al envío de cartas documento en todo el país.
El objetivo: notificar la suspensión de pensiones no contributivas a beneficiarios que no presenten la documentación obligatoria.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado en febrero que ANDIS y el PAMI liderarían este operativo de control, alcanzando a los más de 1 millón de beneficiarios activos.
Bajas ya ejecutadas y proyecciones
La semana pasada, Adorni informó que el Gobierno canceló 110.522 pensiones y dio de baja otras 8.107 pertenecientes a personas fallecidas y 10.038 por renuncias voluntarias.
Fuentes oficiales aclararon que las 720.000 cartas no equivalen necesariamente al mismo número de suspensiones, ya que en algunos casos se enviarán dos notificaciones por beneficiario.
Costo fiscal y ahorro proyectado
En el marco del ajuste presupuestario, ANDIS estima que el desvío de fondos por pensiones irregulares ronda los 1.000 millones de dólares anuales.
Con las bajas ya realizadas, el Ejecutivo proyecta un ahorro de 35.000 millones de pesos mensuales.
Actualmente, el monto de la pensión equivale al 70% de la jubilación mínima.
Obstáculos en la auditoría
Pese al avance del operativo, existen domicilios imposibles de identificar, lo que deja el relevamiento incompleto.
Adorni declaró que el 60% de los beneficiarios no presentó la documentación requerida, una cifra que el Gobierno considera indicativa de la magnitud de las irregularidades.
Crecimiento histórico de las pensiones
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recordó que entre 1999 y 2003 el número de beneficiarios se mantuvo en torno a 80.000.
Sin embargo, entre 2005 y 2015 creció un 1225%, alcanzando 1.060.000. Durante la gestión de Cambiemos, el número se estabilizó, pero volvió a aumentar significativamente bajo la presidencia de Alberto Fernández.
Comparación internacional y críticas políticas
En conferencia de prensa, Adorni señaló que en Israel —país en conflicto permanente y con antecedentes de atentados— el 3,5% de la población activa recibe pensión por discapacidad, mientras que en Argentina el porcentaje asciende al 4,6%.
El vocero atribuyó esta diferencia a “20 años de administraciones kirchneristas” y no a desastres naturales o guerras, ausentes en la historia reciente argentina.
La sociedad ya no se sorprende por tanta corrupción y uso del aparato estatal para otorgar prebendas y asignaciones injustas, que terminaron perjudicando a los sectores realmente más necesitados, y que es, paradógicamente, todo lo contrario a la justicia social tan mentada por el populismo. Que la Justicia castigue a los “vivos” que se beneficiaron y a los corruptos que desde el poder las otorgaron.
