El Gobierno argentino ha promulgado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, que amplía la lista de actividades consideradas esenciales y establece límites al derecho de huelga en estos sectores. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 21 de mayo, busca garantizar la continuidad de servicios críticos durante conflictos laborales.
Ampliación de Servicios Esenciales
El DNU 340/2025 declara como servicios esenciales, que deben mantener una cobertura mínima del 75% durante huelgas, a las siguientes actividades:
- Servicios sanitarios y hospitalarios, incluyendo transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios, y servicios farmacéuticos.
- Producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica.
- Servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales.
- Aeronáutica comercial y control de tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios.
- Servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior.
- Cuidado de menores y educación en niveles de guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.
- Transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera.
Estas actividades deberán garantizar, en caso de huelga, una prestación mínima del 75% de su funcionamiento normal.
Actividades de Importancia Trascendental
El decreto también identifica actividades de "importancia trascendental", que deberán mantener una cobertura mínima del 50% durante conflictos laborales:
- Producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios.
- Transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías.
- Servicios de radio y televisión.
- Actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia, producción de aluminio, actividad química y cementera.
- Industria alimenticia en toda su cadena de valor.
- Producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor.
- Servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos, y el comercio electrónico.
- Producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
Comisión de Garantías
El decreto establece la creación de una Comisión de Garantías, integrada por cinco miembros con reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, derecho laboral o derecho constitucional. Esta comisión podrá calificar, mediante resolución fundada, como servicio esencial o de importancia trascendental a una actividad no incluida en las enumeraciones precedentes, cuando se presenten circunstancias que puedan poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la comunidad, constituyan un servicio público de importancia trascendental o de utilidad pública, provoquen una situación de crisis nacional aguda que ponga en riesgo las condiciones normales de existencia de la población, o afecten el adecuado abastecimiento de productos críticos y metas de recaudación asociadas a políticas de equilibrio fiscal.
Reacciones y plazos
La medida ha generado rechazo en sectores sindicales, que consideran que limita el derecho a huelga protegido por la Constitución Nacional y convenios internacionales.
El vocero del Gobierno, Manuel Adorni, afirmó que "el Estado no va a hacer nada en contra de lo que esté dentro de la ley", en referencia a la entrada en vigencia del decreto.
El plazo de las atribuciones especiales otorgadas al presidente por la Ley Bases, que permiten declarar emergencia pública, administrativa, económica y social en actividades necesarias, vence el próximo 8 de julio.
Un decreto que replantea la regulación del derecho a los paros gremiales
El DNU 340/2025 representa un cambio significativo en la regulación del derecho a huelga en Argentina, ampliando la lista de actividades consideradas esenciales y estableciendo límites mínimos de prestación de servicios durante conflictos laborales. La implementación de estas medidas y su impacto en las relaciones laborales y sindicales serán objeto de seguimiento y análisis en los próximos meses.
La medida busca proteger del abuso del derecho de huelgas por parte de sindicatos politizados que usan las huelgas para otros fines, que impiden a los trabajadores a cumplir con sus obligaciones laborales.
Desde el punto de vista ético, la medida se ordena al bien común, superior a supuestos derechos sectoriales politizados. Desde el punto de vista moral, se subordina al deber ser de toda comunidad que preserva a los ciudadanos del abuso sectorial, de la patota y la manipulación sindical.
