La vicepresidente Victoria Villarruel criticó a Vialidad Nacional luego de que el organismo cobrara $560.000 a la Iglesia por utilizar la ruta nacional 12 durante una peregrinación en Misiones. La decisión generó rechazo entre fieles y autoridades locales.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aplicó el cobro tras la tradicional peregrinación a Loreto, realizada el último fin de semana.
Una tradición religiosa afectada
La caminata —equivalente a la peregrinación a Luján para los bonaerenses— recorre casi 40 kilómetros desde Fátima hasta el Santuario de Nuestra Señora de Loreto. Durante buena parte del trayecto, los fieles avanzan por la banquina de la ruta nacional 12.
El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, advirtió que analizarán judicialmente el fundamento de este arancel, ya que no existen antecedentes de cobros similares. “Vialidad Nacional no pone un peso por las rutas. Están en estado de abandono y hasta peligrosas”.
La reacción de Villarruel
Tras conocerse la noticia, la vicepresidente Villarruel cuestionó la medida.
“El funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez. ¿Quién puede pensar que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias”, escribió.
Practicante católica y habitualmente presente en actos religiosos, la indignación de la vicepresidente no sorprendió.
El trasfondo político
El episodio ocurre en un momento tenso para Villarruel, que enfrenta aislamiento interno tras la salida de Guillermo Francos, con quien mantenía diálogo directo dentro del Gobierno. Las críticas en redes no tardaron en mezclar la polémica con su situación política.
La explicación de Vialidad
El rector del santuario, padre Fabio Cuenca, detalló cómo se produjo el cobro. Señaló que Vialidad demoró los permisos y que, a 48 horas del evento, enviaron por TAD la notificación con los requisitos. Recién al finalizar el trámite apareció el “arancel por intervención de camino” de $560.000, con indicación de depósito mediante CBU a ARCA.
Desde Vialidad Nacional explicaron que la Ley Nacional de Tránsito establece que por el uso de la “zona de camino” debe cobrarse un canon, y que la diferencia es que esta vez la Iglesia solicitó la autorización formal, lo que activó el mecanismo.
Malestar en la Iglesia y en la comunidad
La indignación de los fieles se agravó porque Vialidad no realizó tareas de mantenimiento, custodia ni asistencia durante la peregrinación. La vigilancia estuvo a cargo de la Policía de Misiones, Gendarmería y Prefectura.
En Argentina, atravesado por la fe, guste o no, el cobro resulta inédito e injustificado para un evento religioso de profunda tradición comunitaria. Lo lógico sería que el gobierno nacional devuelva los dineros depositados por “uso de carretera”, con unas disculpas, y la justa y necesaria amonestación al responsable, por omisión del necesario sentido común administrativo, mínimo.
El hecho que desató la polémica