Hace unos días, un cordobés se convirtió en el gran ganador del Quini 6, llevándose un premio de 2.700 millones de pesos. Sin embargo, la alegría inicial se vio opacada por el impacto fiscal: el 31% del 90% del premio fue retenido en concepto de impuestos. Detrás de esta historia de fortuna, se esconde una problemática mucho más profunda que involucra al Estado, las casas de juego y, alarmantemente, la participación creciente de menores de edad en el mundo del azar.
Un Estado que apuesta al juego
Tanto el gobierno nacional como los provinciales han fomentado la expansión de casas de apuestas, loterías y quinielas. Lo que para el ciudadano es una promesa de riqueza rápida, para el Estado es una fuente de recaudación considerable. Sin embargo, esta relación se convierte en un círculo vicioso: el Estado alienta el juego y luego grava las pocas ganancias obtenidas, lucrando tanto con la ilusión como con la victoria de los apostadores.
El resultado es una contradicción preocupante: un Estado que, en teoría, debería proteger a sus ciudadanos, termina incentivando una práctica que alimenta la ludopatía, destruye economías familiares y provoca daños sociales graves.
El riesgo creciente entre menores de edad
La situación se vuelve aún más alarmante con la creciente participación de adolescentes en el mundo del juego, especialmente a través de plataformas digitales. Estudios recientes indican que el 30% de los menores de entre 13 y 17 años han realizado apuestas online, a menudo sin ningún tipo de restricción. El acceso temprano al juego genera adicciones que pueden extenderse hasta la adultez, afectando su desarrollo emocional y financiero.
La falta de una legislación estricta y controles eficaces permite que los jóvenes caigan en esta trampa. El bombardeo publicitario y la facilidad para apostar desde cualquier dispositivo contribuyen a que el juego se normalice como un entretenimiento cotidiano.
Una mirada cristiana: esperanza y responsabilidad
Desde la fe cristiana, la vida digna se construye sobre el trabajo honesto, el esfuerzo y el servicio a los demás. El juego, cuando se convierte en adicción, esclaviza y desvía al ser humano de su verdadero propósito. ¿Cómo puede el Estado ser cómplice de algo que degrada a la persona?
Es momento de replantear el papel del Estado en esta cuestión. ¿No debería fomentar políticas que promuevan la educación, el trabajo y el desarrollo integral de las personas? Asimismo, las familias y comunidades están llamadas a educar a los niños y adolescentes en el valor del esfuerzo y la prudencia.
Si queremos una sociedad más justa y sana, debemos apostar —pero esta vez por lo correcto—: la formación de una ciudadanía libre de esclavitudes modernas y guiada por la esperanza, la justicia y el compromiso con el bien común.
El millonario del Quini 6: una historia que revela un preocupante círculo vicioso