La oposición logró revertir un veto presidencial
Así como la oposición no logró sostener la Ley sobre jubilaciones, por primera vez en la actual gestión, sí consiguió revertir el veto de Javier Milei: se trata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que regula pagos a prestadores y actualiza aranceles para garantizar prestaciones esenciales.
Ante la posibilidad de que la oposición insista con la sanción del proyecto, el Gobierno comenzó a delinear una estrategia judicial para impedir su plena aplicación.
Reclamo transversal y grietas en el oficialismo
El tema evidenció un límite para la administración nacional: el reclamo transversal de diversos sectores sociales y políticos que exigen actualizar partidas y asegurar financiamiento.
La situación también expuso tensiones internas en La Libertad Avanza, que arrastra diferencias con legisladores y aliados, tensiones que se profundizaron con el cierre de listas electorales.
Casa Rosada analiza partidas extra
Según trascendió, la Casa Rosada evaluaba la posibilidad de anunciar mayores fondos para discapacidad. La jugada buscaba persuadir a diputados oficialistas reticentes y, al mismo tiempo, contener el rechazo social frente a un tema de alta sensibilidad.
El objetivo era mantener el veto, pero ofreciendo una salida política que mostrara al Ejecutivo dispuesto a responder a la presión pública.
Impacto político y social de la medida
El debate dejó en claro cómo decisiones administrativas o presupuestarias tienen un impacto directo en la vida de miles de personas con discapacidad. También mostró que la estabilidad política interna condiciona los movimientos del Gobierno en temas sociales.
Resta ver si la vía judicial o las compensaciones presupuestarias alcanzarán para mitigar el costo político de haber vetado la norma.
El costo fiscal de la ley
La Ley de Emergencia en Discapacidad implicaría un gasto de 0,5% del PBI en 2025 y de 0,1% en 2026. Para sostenerla, el Ejecutivo debería ajustar en otros rubros del presupuesto, salvo que la Justicia le dé la razón y logre frenar su aplicación.
Esto plantea un dilema ético y político: ¿es correcto frenar una ley que garantiza derechos básicos para personas con discapacidad en nombre del equilibrio fiscal?
Una discusión que trasciende la grieta
Incluso votantes de Milei plantean dudas: apoyan la disciplina fiscal, pero reclaman respuestas para sectores vulnerables.
El desenlace de esta disputa será una prueba de fuego para el Gobierno y un tema clave en la campaña hacia las elecciones de octubre, donde la sensibilidad social frente a la discapacidad podría convertirse en un termómetro electoral. El gobierno deberá tomar nota de esto, de cara a los comicios.
