Exintendentes y actuales jefes municipales como Darío Monteros, Carlos Gallia, José Orellana y Francisco Serra defienden la extracción de cheques sin documentación como una "operación habitual". Sin embargo, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) los investiga por presuntas infracciones a la ley de financiamiento de partidos políticos, lavado de activos y asociación ilícita.
La cifra en cuestión asciende a casi $37.000 millones, retirados en efectivo mediante cheques por ventanilla en el Banco Macro entre enero de 2023 y junio de 2024. A pesar de la gravedad de la denuncia, los exintendentes insisten en que cuentan con respaldo documental, aunque éste no ha sido presentado en la investigación.
Una investigación que pone en alerta a la UIF
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) ha expresado su preocupación por la falta de documentación que justifique los movimientos bancarios. No obstante, los exintendentes afirman que la denuncia responde a una maniobra política para perjudicar al gobernador Osvaldo Jaldo. Algunos, incluso, señalan a la Nación como responsable de la investigación.
Según el informe de la PROCELAC, municipios de Tucumán como Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules, junto con distritos de Catamarca y Salta, retiraron un total de $39.485 millones sin justificaciones claras. Parte de estos fondos podrían haber sido utilizados en campañas electorales recientes.
Orellana y Monteros defienden su gestión
El legislador y exintendente de Famaillá, José Orellana, es uno de los principales investigados, con retiros que suman $11.449,6 millones. En su defensa, afirmó que la denuncia busca desprestigiar a la política y que "algunos creen que es fuego amigo, pero no, viene de la Nación".
Por su parte, Darío Monteros, exintendente de Banda del Río Salí y actual ministro del Interior, está bajo la lupa por retiros por $17.256 millones. Afirma que "no hubo pedidos de informes ni notificaciones formales" y que la investigación se debe a una "mediatización política".
Justificaciones poco claras
Monteros defendió la falta de justificación en las extracciones, asegurando que "los vecinos saben que se hacen operativos con la Policía para retirar recursos" y que hay gastos no bancarizados como "el pago del sonido o de artistas en eventos".
Los exintendentes de Lules y Monteros también son mencionados en la investigación. Carlos Gallia está bajo observación por retiros de $4.217,7 millones y Francisco Serra por $3.923 millones. Gallia justificó las extracciones diciendo que en Lules se realizaron numerosas obras con mano de obra local y recursos propios. "Pueden decir que es desprolijo, pero la realidad es esa", afirmó.
Expectativa ante la acción judicial
Francisco Serra, por su parte, aseguró que "vamos a dar las respuestas" y que está "a disposición de la Justicia". Según él, el municipio tiene "todo en orden".
Mientras la investigación avanza, los intendentes y exintendentes buscan instalar la idea de que se trata de una persecución política. No obstante, la falta de documentación que justifique el destino de los fondos retirados sigue siendo un punto clave para la Justicia y la PROCELAC.
La ética en el manejo de los fondos públicos y la transparencia son fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y representantes. Ante las denuncias sobre la extracción sospechosa de dineros públicos, es imperativo que estas acciones sean completamente desterradas de la sociedad. Promover una cultura de transparencia y ética en la administración pública es esencial para edificar una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos de todos. La ciudadanía espera que esta denuncia de la PROCELAC, así como las múltiples causas por corrupción sean investigadas y, en el caso, los culpables no queden impunes.
Extracciones millonarias bajo sospecha