La ANSES ha denunciado a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por cobrar un extra en sus asignaciones debido a la Bonificación de Zona Austral, a pesar de su residencia en la Ciudad de Buenos Aires.
Este beneficio está diseñado únicamente para aquellos que efectivamente residen en las provincias del sur del país, lo que lleva a calificar la situación de la exmandataria como “estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica”. A través del Ministerio de Capital Humano y ANSES, se ha solicitado la apertura de una investigación penal, argumentando que su comportamiento ha generado un perjuicio fiscal significativo al Estado.
La dimensión ética de este caso es alarmante, especialmente considerando que Fernández de Kirchner continuó recibiendo estos beneficios mientras ocupaba cargos como senadora y vicepresidente, a pesar de vivir en CABA.
Su intento de mantener un domicilio en Río Gallegos para justificar este cobro no solo plantea dudas sobre su compromiso con la transparencia, sino que también refuerza la percepción de una falta de ética que deshonra su figura pública. Como defensoras de la moralidad y la justicia, las acciones engañosas de una persona que ha ocupado las más altas posiciones en el gobierno no solo avergüenzan a ella misma, sino que proyectan una imagen negativa de Argentina ante el mundo.
La denuncia ha obligado a la ANSES a solicitar que se le permita constituirse como querellante en la causa y a investigar los montos implicados en el supuesto perjuicio al Estado. Mientras tanto, el vínculo entre ética y política se torna aún más preciso, ya que cada acto que implique engaño es visto como un pecado grave, sirviendo de ejemplo negativo para la ciudadanía.
Esta situación también se vuelve más complicada considerando que, en las últimas 24 horas, el Ministerio de Capital Humano rechazó la solicitud de Cristina Kirchner para recuperar su jubilación y pensión de privilegio, las cuales le fueron retiradas al igual que al ex vicepresidente Amado Boudou.
A pesar de las críticas recibidas, Cristina Kirchner ha evitado pronunciarse públicamente sobre esta nueva denuncia aún.
La realidad es que su situación representa una falta de ética no solo en el marco de la política argentina, sino también en un sentido más amplio, donde la mentira y el engaño erosionan la confianza pública y los valores fundamentales de la sociedad.
Según el Gobierno, la ex presidente recibía un haber de de $35.255.297,73 como viuda de Néstor Kirchner y por sus propias asignaciones, una cifra equivalente a 136 jubilaciones mínimas. En mano, la cifra llegaba a $21.827.624,65. Según el titular de ANSES, Mariano De Los Héros, la exfuncionaria presentó un certificado de domicilio de Río Gallegos, por lo que percibía un suplemento de zona austral de $ 6.354.523 más, mientras vivía en Buenos Aires.
La percepción de las bonificaciones habría sido posible mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos, lo que configuraría el delito de falsedad ideológica, señalaron desde el ANSES.
El país, harto de la corrupción, necesita políticos honestos que, más allá de sus posturas ideológicas actúen con integridad y honren el cargo que ocupan, contribuyendo así a una nación más justa y transparente, sin excepciones.
Grave denuncia: ¿La mentira en beneficio propio?