El Gran San Miguel de Tucumán enfrenta una crisis hídrica que se agudiza con cada verano, dejando a miles de hogares sin acceso a un servicio básico esencial. La situación es particularmente grave en Yerba Buena y otras zonas del pedemonte, áreas que han experimentado un crecimiento urbano explosivo en los últimos 15 años.
Paradójicamente, este desarrollo acelerado ha convergido con una preocupante falta de planificación e inversión en infraestructura hídrica, dejando a los residentes sedientos de soluciones.
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), empresa monopólica encargada de proveer el servicio, ha demostrado una alarmante imprevisión ante un problema que se manifiesta cíclicamente. Durante las épocas estivales, el aumento del consumo se combina con las crecidas de los ríos de montaña, que también abastecen a ciertos sectores. La turbiedad resultante obliga al cierre de las tomas de agua, dejando a miles de usuarios sin suministro.
¿Qué ha hecho la SAT ante esta crisis?
La respuesta es desalentadora. A pesar de las elevadas tarifas que cobra a los usuarios, la empresa ha demostrado una falta de inversión en infraestructura, mantenimiento y diversificación de las fuentes de agua. Las soluciones paliativas implementadas hasta el momento han sido insuficientes para hacer frente a la creciente demanda y a las contingencias climáticas.
¿Qué debería hacer la SAT para resolver este problema?
En primer lugar, es fundamental realizar inversiones significativas en la ampliación y modernización de la infraestructura hídrica. Esto incluye la construcción de nuevas plantas de tratamiento, la mejora de las redes de distribución y la diversificación de las fuentes de agua, explorando alternativas como la captación de agua subterránea y la construcción de represas.
En segundo lugar, la SAT debe mejorar su capacidad de respuesta ante las contingencias climáticas. Esto implica la implementación de sistemas de alerta temprana, la optimización de los procesos de tratamiento del agua y la coordinación con otros organismos para garantizar el suministro alternativo en situaciones de emergencia.
Por último, la SAT debe rendir cuentas a los usuarios. Esto implica una mayor transparencia en la gestión de los recursos, la publicación de información clara y accesible sobre la calidad del agua y la implementación de mecanismos de participación ciudadana para conocer las necesidades y expectativas de la comunidad.
La crisis del agua en el Gran San Miguel de Tucumán es un problema complejo que requiere soluciones urgentes y sostenibles. La SAT, como empresa monopólica, tiene la responsabilidad de garantizar un servicio de calidad a todos los usuarios.
Los responsables de la solución
Mientras, el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) que controla a la Sociedad Aguas del Tucumán se remite a acompañar a la SAT en recomendaciones y obras, y cada tanto la intima mediante alguna resolución ante la evidente insuficiencia del servicio y las demandas de cientos de usuarios que padecen la falta de agua. Este “ente” ha demostrado su incapacidad para controlar a la SAT en favor de los usuarios.
Es el gobierno provincial, entonces, quien en última instancia, ante el actual estado de cosas, quien debe tomar acciones severas para con los responsables del servicio y su control, y resolverlo. Y los legisladores, aportar soluciones concretas mediante proyectos de ley que permitan al ejecutivo, en todo caso, tener las herramientas para implementarlo.
Es hora de exigir una transformación profunda que priorice el bienestar y la salud de la comunidad. La política tiene, urgente, la palabra.
Gritos Secos en Yerba Buena: La crítica situación del agua potable en Tucumán