Un fallo reciente de la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal podría cambiar la situación de 14.584 detenidos por venta de drogas en Argentina, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). La resolución declara inconstitucional la prohibición que impedía a estos presos acceder a la libertad condicional, introducida en 2017 con la llamada “Ley Petri”.
¿Por qué este fallo genera tanto debate? La ley reformada establecía restricciones para los condenados por delitos graves, como narcotráfico, secuestros y homicidios agravados, con el objetivo de endurecer las políticas penales. Sin embargo, la Sala de Feria de la Cámara de Casación consideró que esta medida vulnera el principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
El caso que motivó este fallo fue el de Carlos Hernán Beati, condenado en 2020 a seis años de prisión por tráfico de estupefacientes. Tras solicitar la libertad condicional y recibir una negativa del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, Beati apeló. La Cámara anuló esa sentencia, ordenando que se dicte un nuevo fallo sin aplicar una prohibición automática por el tipo de delito.
El fallo argumenta que la resocialización es un derecho fundamental y que prohibir automáticamente la libertad condicional discrimina a ciertos condenados sin analizar su evolución particular. La jueza Ángela Ledesma subrayó que el sistema penitenciario debe ser progresivo, permitiendo la reinserción gradual de los detenidos. Por su parte, el juez Juan Carlos Gemignani coincidió en que esta restricción es “arbitraria”.
No obstante, no todos los jueces estuvieron de acuerdo. El juez Diego Barroetaveña votó en disidencia, defendiendo la constitucionalidad de la norma y resaltando la importancia de respetar la voluntad del legislador en materia de política criminal. Inclusive, existen fallos de constitucionalidad de la norma anteriores de la Cámara, por lo que este fallo en feria va en contramano de la jurisprudencia reciente, y abre un debate impensado.
Cabe aclarar que esta resolución no tiene efectos automáticos para los demás detenidos. Cada caso deberá ser planteado de manera individual, y el futuro del fallo depende de una posible apelación ante la Corte Suprema de Justicia por parte del fiscal Raúl Pleé.
Desde el punto de vista ético y social, permitir la libertad condicional a condenados por narcotráfico, como lo impide la legislación vigente en Argentina, sería un grave error que podría perpetuar un ciclo de daño hacia los jóvenes, sus familias y el tejido social en general.
El narcotráfico es una problemática que afecta profundamente a las comunidades, alimentando un sistema de delincuencia que socava los valores familiares y contribuye a la descomposición social.
Liberar a los delincuentes involucrados en este flagelo podría enviar un mensaje erróneo sobre la gravedad de sus crímenes y la responsabilidad que tienen hacia la sociedad. Pero también es un mensaje al narco, que ve en esta resolución un guiño de la justicia garantista. Esa que privilegia al criminal sobre las víctimas, y que el ex Juez Zaffaroni es su mentor principal.
La decisión de los dos jueces que, en mayoría simple, dictaron el fallo de la Sala de Feria de Casación refleja una desconexión con la realidad del impacto que el narcotráfico tiene en la juventud, creando oportunidades para que muchos condenados vuelvan a involucrarse en actividades ilícitas y distorsionen aún más los esfuerzos por restaurar la paz y la cohesión social.
Al contrario, sería más ético y constructivo garantizar que quienes han causado un daño tan significativo a la sociedad enfrenten las consecuencias de sus actos con el cumplimiento efectivo de las condenas a los que fueron merecedores por sus crímenes, mientras se trabaja en programas de reintegración que realmente ofrezcan alternativas saludables y constructivas para la rehabilitación de los infractores.
Este fallo reabre la discusión sobre cómo equilibrar justicia y la reinserción social, un desafío que interpela tanto al sistema judicial como a la sociedad argentina. Pero también envía un mensaje equívoco. En una justicia colonizada en parte por el garantismo zaffaroniano; ¿podemos esperar que la Corte Suprema mire a las víctimas, a sus familias, y a la sociedad que sufre el narcotráfico, en vez de a los victimarios? Hay casi 15.000 condenados a la espera de una libertad condicional inmerecida. Y una sociedad absorta que dijo basta a la impunidad.
¿Guiño al Narcotráfico?: Un Fallo Preocupante.