Milei denunció a tres periodistas por comparaciones con Hitler
El presidente Javier Milei presentó denuncias por calumnias e injurias contra los periodistas Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad, tras declaraciones públicas que, según el mandatario, lo comparan con el régimen nazi. Las presentaciones judiciales fueron radicadas en los tribunales federales de Retiro y quedaron a cargo, por sorteo, de los jueces Daniel Rafecas (en los casos de Pagni y Lijalad) y Sebastián Ramos (en el de Canosa).
Los dichos que motivaron la denuncia
La denuncia contra Carlos Pagni se basa en una emisión del programa Odisea Argentina, del 28 de abril. Allí, el periodista habría leído un fragmento de un libro que describe el clima político en Alemania antes del ascenso del nazismo. Según la presentación de Milei, esa lectura inducía a una “comparación insidiosa” entre su figura y la de Adolf Hitler. “Me atribuyó conductas similares a las que llevó adelante Hitler para llegar al poder”, afirmó el presidente, que también citó un comunicado de la DAIA en repudio a esa comparación.
En el caso de Viviana Canosa, la denuncia apunta a sus declaraciones en las que lo habría calificado de “déspota” y “autoritario”, asociándolo con líderes dictatoriales. Por su parte, Lijalad fue denunciado por una presunta alusión directa a Hitler al criticar al mandatario.
¿Límites a la libertad de expresión?
El presidente anticipó estas acciones judiciales durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, conducido por Daniel Parisini. Allí afirmó: “Firmé tres denuncias por mentiras. Una es por tratarme de nazi. El presidente de Israel salió a bancarme. Es la banalización del Holocausto”. También lanzó críticas generales a los periodistas, a quienes llamó “prostitutas de los políticos” y acusó de actuar como “calumniadores e inquisidores”.
Estas declaraciones, al igual que las que motivaron las denuncias, despiertan preocupación por el tono que ha adquirido el debate público en la Argentina.
Un país que necesita más sobriedad
Más allá de las posturas personales, estas disputas entre periodistas y funcionarios que terminan judicializadas muestran un preocupante nivel de confrontación. En una nación que enfrenta múltiples desafíos sociales y económicos, la falta de sobriedad en el lenguaje político —tanto desde el poder como desde los medios— erosiona la confianza pública y daña la institucionalidad.
La libertad de expresión es un derecho. La defensa del honor, también. Pero más importante aún es el respeto a las instituciones, como la Presidencia, de parte de todos, incluso de Milei o quien la detente. ¿Es necesario una ley para recordarles a todos, políticos y periodistas esto? La Patria está primero.
