El fallo del juez González Charvay
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la inconstitucionalidad del veto del presidente Javier Milei a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el 10 de junio.
El magistrado resolvió “hacer lugar parcialmente a la acción de amparo” presentada por una familia con dos hijos menores con discapacidad, al sostener que los derechos a la salud, educación y rehabilitación deben prevalecer por sobre restricciones presupuestarias.
Personas en “múltiple vulnerabilidad”
En su argumentación, el juez recordó que los afectados son niños y personas con discapacidad, es decir, grupos en situación de doble vulnerabilidad, lo que obliga al Estado a brindar una protección especial (artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional).
Además, el fallo destacó que el veto presidencial desconocía compromisos asumidos en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño.
El argumento fiscal y su rechazo judicial
El Ejecutivo había justificado el veto alegando que la ley implicaba un gasto adicional de más de 7 billones de pesos para 2025 y 17 billones en 2026, sin indicar financiamiento. Sin embargo, González Charvay consideró esa fundamentación “aparente y falaz”, ya que el Gobierno cuenta con facultades de reasignación presupuestaria y el trámite legislativo había sido regular.
El juez también rechazó el argumento del “equilibrio fiscal innegociable” derivado del Pacto de Mayo, al remarcar que ninguna política pública puede contradecir derechos constitucionales ni generar resultados regresivos en materia de derechos humanos.
Riesgo para la continuidad de tratamientos
La sentencia advirtió que la interrupción de procesos educativos y terapéuticos especializados compromete gravemente el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños con discapacidad.
El desfinanciamiento del sistema de prestaciones básicas —hogares, escuelas, centros de día, terapeutas y transportistas—, según el fallo, pone en riesgo la continuidad de tratamientos indispensables, vulnerando principios de igualdad, no discriminación y progresividad.
Una señal para otros tribunales
Aunque el Gobierno puede apelar, este es el primer fallo judicial que invalida el veto presidencial en materia de discapacidad. La decisión podría abrir la puerta a nuevos amparos en distintos puntos del país.
El Congreso había aprobado la ley el 10 de junio, declarando la emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027, con medidas legislativas, administrativas y presupuestarias orientadas a garantizar la protección integral de las personas con discapacidad.
Las “prioridades” que no pueden esperar
Es verdad que alcanzar el superávit fiscal es una prioridad para la Argentina si queremos salir del círculo vicioso inflacionario que nos tiene atrapados. También es cierto que, en la jornada legislativa, muchos proyectos se votaron sin un estudio responsable ni un cálculo realista de presupuestos. Si hubiera existido esa seriedad, podrían haberse buscado alternativas de financiamiento para cada ley, en lugar de aprobar a “libro cerrado” iniciativas que no prevén cómo sostenerse. La política terminó primando, no la situación de las personas con discapacidad.
Sin embargo, los discapacitados no pueden esperar. Es el gobierno quien debe garantizar las soluciones, incluso por encima de las dificultades financieras. Esto debió preverse en el Congreso. Pero se priorizó la política.
Hoy, una orden judicial obliga al Estado a actuar. Y lo hace —como era de esperar— en favor de los más débiles, de quienes necesitan el apoyo estatal y tienen el derecho reconocido desde hace años en leyes como la 24.901, de discapacidad.
El Gobierno deberá cuidar el superávit fiscal, sí, pero con el mismo empeño tendrá que encontrar en otras partidas aquello que puede esperar. Porque las personas con discapacidad no pueden hacerlo.
Es justo reconocer la decisión del gobierno de auditar y depurar listados plagados de pensiones por discapacidad truchas, fruto de años de corrupción y clientelismo político. Más de 700.000 casos están siendo revisados para verificar su legitimidad, un escándalo que merece que la Justicia investigue también, y condene a los responsables de haber desviado recursos en perjuicio de los verdaderos discapacitados.
La sociedad espera que esta vez, el Estado Nacional dé prioridad a quienes realmente lo necesitan, y revea decisiones, signo de responsabilidad social y no de debilidad, que la ciudadanía valorará, sin dudas.
