Más de mil personas dejaron de cobrar su pensión por discapacidad
Formosa vive una situación inédita: más de mil beneficiarios de pensiones no contributivas han renunciado voluntariamente en medio de una ola de auditorías. La directora de la oficina local de ANSES, Patricia Arias, confirmó que el número sigue creciendo y reveló que muchos llegaban preguntando: “¿Con qué enfermedad figuro en el sistema?”
Una auditoría nacional que puso en evidencia irregularidades
El fenómeno ocurre mientras el Gobierno nacional lleva adelante una auditoría en estos beneficios, centrada en la transparencia y legalidad de las pensiones. En Formosa, donde más de 40.000 personas reciben esta asistencia, las renuncias espontáneas podrían reflejar el temor a ser descubiertos en una situación irregular.
El rol de ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad
Arias aclaró que ANSES no otorga ni quita pensiones: su función es administrativa. Solo escanean y envían la documentación a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a través del sistema de Trámite a Distancia (TAD). El proceso de revisión comienza con una citación formal por carta documento, y los beneficiarios deben presentar estudios médicos originales y constancias de revisión.
"Muchos renuncian porque trabajan en blanco"
Otra revelación impactante fue que numerosos renunciantes tienen empleos formales, lo que vuelve incompatible el cobro de una pensión por discapacidad. “Estamos hablando de muchísimas personas, más de mil hasta el momento, y seguramente habrá más”, subrayó Arias.
El epicentro de una polémica nacional
Las auditorías continúan en toda la provincia, incluidas Clorinda e Ingeniero Juárez, y aunque no se ha publicado el número exacto de casos revisados, el impacto ya se percibe. Algunos prefieren renunciar antes de ser convocados, mientras otros buscan saber su situación sin haber sido citados.
Una crisis que desafía la confianza en el sistema
El caso Formosa se convirtió en un símbolo de los desafíos que enfrenta el sistema de asistencia estatal. La magnitud de las renuncias ha puesto bajo la lupa la gestión de los fondos públicos y genera un debate profundo sobre la equidad, el control y la verdadera necesidad en la entrega de estos beneficios.
Un patrón que se repite en otras provincias
La situación de Formosa no es un caso aislado. En varias provincias del país, el número de pensiones por discapacidad ha alcanzado cifras que no se corresponden con la realidad sanitaria. Argentina exhibe porcentajes similares a los de países que han atravesado guerras civiles o catástrofes humanitarias, lo cual genera sospechas sobre el uso político de estos beneficios.
Durante años, distintos gobiernos utilizaron las pensiones no contributivas como moneda de cambio, otorgando certificados de discapacidad falsos a cambio de fidelidad electoral. Esta práctica, lejos de ser un simple abuso administrativo, constituye una cadena de responsabilidades que va desde altos funcionarios hasta quienes aceptaron cobrar sin necesitarlo, mintiendo una situación de discapacidad con la gravedad que ocasiona para el sistema. Una asociación ilícita: del primero al último.
Muestra que los gobiernos que pasaron han corrompido a su pueblo. Muestra que la corrupción ha ganado la calle y los hogares. Esto conlleva a preguntarnos: ¿Cómo vamos a sanar a la sociedad envilecida por políticos corruptos? La tarea es ardua y muy difícil. Llevará años de una agenda cultural que no sólo enseñe valores y principios republicanos perdidos, sino que también el resto de la comunidad vea que la justicia castiga y no hay impunidad.
En ese marco, las renuncias masivas en Formosa parecen más un intento de evitar consecuencias legales que un acto de transparencia. “No sabían ni qué enfermedad tenían” dijo la funcionaria. Es una señal clara de cómo la corrupción estructural puede degradar no solo las instituciones, sino también el tejido moral de la sociedad.
Milagro en Formosa: Más de 1.000 discapacitados ¿sanaron? y renunciaron a sus pensiones.