El fraude, que afectó a las facultades de Derecho y Odontología, expone fallas graves en los controles del Banco Nación y abre el debate sobre la transparencia en las universidades públicas.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue víctima de una estafa millonaria en septiembre de 2023. Un grupo de delincuentes logró desviar 1.591 millones de pesos a través de 13 transferencias bancarias fraudulentas, utilizando formularios y correos electrónicos falsificados. El hecho, que afecta a dos facultades clave —Derecho y Odontología—, deja al descubierto una cadena de negligencias institucionales que deben ser investigadas con seriedad.
Un plan bien orquestado, controles mal ejecutados
La maniobra consistió en la creación de una dirección de correo electrónico casi idéntica a la oficial, desde la cual se enviaron solicitudes de transferencias acompañadas de formularios MEP apócrifos. En los mensajes, los delincuentes suplantaron la identidad de un empleado de la tesorería universitaria y prometieron entregar luego la documentación física. Esa documentación nunca llegó, pero aun así, una sucursal del Banco Nación ejecutó los pagos sin cumplir con los protocolos mínimos de verificación.
¿Es aceptable que se liberen sumas millonarias sin corroborar presencialmente la identidad del solicitante? ¿No merece el dinero público, que proviene del esfuerzo de todos los argentinos, un resguardo más riguroso?
Reacción judicial e institucional
Ante el escándalo, la UBA y el Banco Nación iniciaron sumarios internos, y la Justicia Federal investiga el caso. Cuatro personas ya fueron detenidas, y otras 17 están bajo sospecha. Entre los imputados figura una mujer apodada “La China”, quien declaró ante el fiscal Eduardo Taiano y el juez Sebastián Ramos.
Las acusaciones incluyen fraude contra la administración pública, falsificación de documentos y lavado de dinero. La universidad ya solicitó el embargo de los fondos robados, aunque la medida aún no se ha concretado.
Falencias que claman por responsabilidad
Este episodio no solo revela una operación delictiva sofisticada, sino también una preocupante fragilidad en los mecanismos de control de fondos públicos. Peor aún, no se trataría de un hecho aislado: otras entidades del Estado, incluida una obra social vinculada a un gremio, habrían sufrido estafas similares.
Ante esta gigante estafa, se impone un cuestionamiento lícito: ¿Cómo puede una institución de la envergadura de la UBA seguir negándose a una auditoría externa, como lo pidió el gobierno? Si las universidades públicas fueran auditadas como todos esperamos, tal vez esta estafa no habría ocurrido. Recordemos que está financiada por todos con los impuestos. Y no puede ser que el argumento de la autonomía universitaria sirva para evitar cualquier control externo. ¿No es razonable exigir auditorías periódicas para garantizar la transparencia?
Una defensa legítima exige coherencia
Nadie pone en duda el valor de la educación pública, ni la necesidad de defender a nuestras universidades. Pero esa defensa pierde fuerza cuando se niega toda forma de control externo, aun frente a evidencias de irregularidades graves, como éstas.
La autonomía no puede ser sinónimo de impunidad. Impunidad que en los claustros universitarios argentinos, dominados hace años por la política partidocrática, la usó para sus fines. Esa política pequeña, que se metió entre sus hendijas y la hizo, en muchos casos, un comité o una unidad básica, con todo lo que eso conlleva. Por supuesto, para desprestigio de las universidades, que ya no tienen ni el nivel académico ni el prestigio del pasado, claro.
En tiempos en que la confianza social en las instituciones está en crisis, los valores de honestidad, responsabilidad y rendición de cuentas no son una opción: son una obligación. Y más aún cuando se trata de formar a los futuros líderes de nuestra Nación.
Millonaria estafa a la UBA: se robaron más de $1.500 millones mediante transferencias falsas