La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha, con financiamiento y personal especializado, el Protocolo de Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad, parte del Plan 1000 días. La presentación oficial se realizó en la Maternidad Sardá, en Parque Patricios, ignorado por los principales medios de comunicación.
Este programa busca que ninguna mujer enfrente sola un embarazo y que las familias cuenten con respaldo para llevarlo adelante, reduciendo así los abortos por causas sociales.
Objetivos y funcionamiento del programa
El protocolo, diseñado por el Consejo Asesor del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad, ofrece acompañamiento integral desde el embarazo hasta los primeros dos años de vida del niño.
Contempla la asistencia médica, la mejora de las condiciones sociales y económicas de las mamás. Incluyendo acceso a controles prenatales, apoyo psicológico, ayuda alimentaria, orientación legal y capacitación laboral. Y se implementará con un sistema de derivaciones rápidas, capacitación del personal médico.
Incluye el trabajo conjunto de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y organizaciones civiles, con seguimiento personalizado de cada caso. Entre los asistentes al lanzamiento estuvieron Evelyn Rodríguez (Red de Acompañamiento a la Mujer) y Guadalupe Videla (Cuidando Vidas), que vienen cuidando valientemente a muchas chicas con embarazo de riesgo y salvando vidas infantiles.
Antecedentes legislativos del Plan 1000 días
El 30 de diciembre de 2020, el Senado aprobó dos leyes: la Ley de aborto, por mayoría de votos y, por unanimidad, la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como Plan 1000 días.
A nivel nacional, el Ministerio de Capital Humano implementa el Plan 1000 Días ya, a través de ANSES, con beneficios, asignaciones y material técnico para profesionales.
El contraste con la política de aborto en el país
Pese a este avance, el Plan 1000 días convive con la ley de aborto, promovido durante más de una década por gobiernos kirchneristas y de Cambiemos, incluso antes de su sanción, a través del protocolo ILE, un mecanismo pseudo legal para ofrecer abortos pagados con los impuestos de los argentinos.
En muchas provincias, incluida CABA, se compran y distribuyen abortivos como misoprostol y mifepristona, medicamentos que requieren receta archivada pero cuya entrega, denuncian organizaciones provida, carece del control que exige la ley.
En 2024, luego que la Nación dejara de enviar misoprostol, el gobierno porteño aumentó en un 50% la compra de abortivos, (todos al Laboratorio Domínguez) por cientos de millones de pesos. Esto ha contribuido a un crecimiento vegetativo negativo, con más muertes que nacimientos en la ciudad de Buenos Aires.
Un problema demográfico y sanitario
Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza, entre otras, también continúan promoviendo el aborto en hospitales y proveyendo medicación abortiva, incluso después de que el Gobierno nacional dejara de enviarla mediante el programa Remediar.
Estas políticas que promueven la muerte agravan un enorme problema demográfico a mediano plazo, ya visible en algunos países europeos, y exigen que los responsables revisen estas políticas de muerte que impulsan.
Un paso positivo del gobierno de CABA
La implementación del Plan 1000 días por parte de la Ciudad es un avance importante en favor de la vida. Y en coherencia con sus objetivos, señalados en el lanzamiento, donde estuvo Jorge Macri, es de esperar que se abandone la compra y entrega irregular de abortivos, responsablemente.
En un contexto de envejecimiento poblacional y baja natalidad, la sociedad espera que este protocolo sea la primera de muchas políticas activas para proteger la vida de los niños por nacer y parar el genocidio prenatal en la Argentina.
A todos los que lo hicieron posible, ¡muchas gracias!
