La situación en la que se encuentra Marisa Graham, actual Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes en Argentina, plantea serias interrogantes sobre la continuidad de su mandato, que vence, y grupos abortistas presionan para que repita por otro período. Especialmente considerando que su enfoque en esos temas, donde la defensa de los derechos del niño por nacer, consagrados en la Constitución Nacional sigue vigente y choca con la Ley de Aborto promulgada por Alberto Fernández hace un par de años, o su posición a favor de la ideología de género, que puede reivindica el adoctrinamiento sexual precoz a niños y adolescentes, y que a todas luces es un abuso contra su intimidad y el derecho de los padres a la educación de sus hijos en sus convicciones, como lo manda la ley, incluso. El 28 de febrero se cumple su período de cinco años y la posible prórroga de su mandato es motivo, ya, de controversia.
Desde su asunción al cargo, Graham ha manifestado una clara alineación con estas posturas. Su reciente informe sobre la ESI es un ejemplo claro de cómo se busca validar un enfoque que prioriza la educación sexual antinatalista, destacando temas como el uso de anticonceptivos y la aceptación de cambios de género. Estos principios, que han sido fuertemente promovidos por organizaciones abortistas y feministas, contradicen la necesidad de proteger a los niños y adolescentes en el proceso educativo.
La influencia de Graham en la Defensoría ha generado preocupaciones en diversos sectores de la sociedad y de la política. Su declaración de que el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) ha conducido a una "reducción de la fecundidad adolescente" puede ser censurada debido a las implicaciones que conlleva el fomento de prácticas sexuales sin una adecuada formación en valores y responsabilidad afectiva. La erosión de la moral social y la promoción de una cultura de la desresponsabilización son consecuencias evidentes que emergen de estas políticas.
La inestabilidad de su mandato, que ha sido respaldada por el kirchnerismo a través de la iniciativa de prórroga de mandato presentada por varios senadores, plantea cuestionamientos sobre la imparcialidad de la Defensoría y su capacidad para representar auténticamente los intereses de la infancia y la adolescencia. Por el contrario, la permanencia de Graham puede ser interpretada como un intento de prolongar una agenda que prioriza la ideología sobre la protección de los derechos fundamentales de los niños, incluidas sus vidas.
Es vital que cualquier nuevo nombramiento o continuación en este cargo se realice con la dirección de valores que realmente protejan a los menores, independencia de ideologías que han generado críticas y desconfianza por parte de numerosos padres, educadores y sectores de la sociedad civil.
Por tanto, permitir que Marisa Graham continúe en su cargo significaría perpetuar un enfoque que mira para otro lado a la hora de la defensa de derechos consagrados en la Constitución y la Declaración de los Derechos del Niño, al menos parcialmente. Es esencial que se busque una nueva dirección que se enfoque no solo en la educación sexual, sino en el fortalecimiento de la familia y los valores fundamentales que garanticen la protección y el desarrollo integral de todos los niños y adolescentes en Argentina. La defensa de la vida y la integridad de los menores debería ser la prioridad innegociable en la labor de la Defensoría.
¿Los nuevos vientos que corren en Argentina soplarán en favor de los niños y sus derechos, finalmente?
¿Por qué Necesitamos un Nuevo Defensor de Niños y Adolescentes en Argentina?