El gobierno de Javier Milei ha anunciado modificaciones a la Ley de Identidad de Género, estableciendo la prohibición de tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo en menores de 18 años. Esta decisión, según el portavoz gubernamental, busca establecer un marco más razonable que priorice la protección de la infancia frente a prácticas promovidas por la ideología de género.
La medida responde a datos alarmantes, como los proporcionados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde entre 2022 y 2023 se atendió a más de 780 menores, de los cuales 49 estaban en proceso de "supresión puberal". Además, la información oficial describe procedimientos y posibles consecuencias, como infertilidad futura, preservación de gametos y técnicas quirúrgicas invasivas.
Foto: El Disenso
“La principal franja etaria de las personas que consultan fue de menores de 8 años de edad en adelante”, y los que ya están siendo hormonizados son principalmente niños y adolescentes a partir de los 12 años (textual del informe presentado por Kreplak). Todo, con los impuestos de los bonaerenses, además.
240 centros de hormonización en la provincia. Sin palabras.
Desde la administración nacional, en cambio, se subrayó que esta prohibición tiene como objetivo velar por el interés superior del niño, protegiendo su integridad física y mental. “Los menores deben atravesar su desarrollo natural sin decisiones irreversibles que puedan afectar su salud a largo plazo”, explicó el vocero presidencial. También destacó que países como el Reino Unido, Suecia y Finlandia han revertido políticas similares tras identificar efectos adversos graves.
En paralelo, el Gobierno ha dispuesto modificaciones al sistema penitenciario, prohibiendo el traslado de reclusos a cárceles de otro género basándose únicamente en su autopercepción. Los condenados permanecerán en unidades penitenciarias correspondientes a su sexo biológico, lo que busca evitar situaciones que comprometan la seguridad de otros internos.
Otra de las medidas destacadas es la exclusión de las prácticas de hormonización y cirugías de cambio de género del Plan Médico Obligatorio (PMO). A partir de ahora, los prestadores de salud, tanto públicos como privados, no estarán obligados a ofrecer estos procedimientos, redirigiendo recursos hacia otras necesidades médicas esenciales.
Foto: Fundación Huésped.
La derogación por decreto del artículo 5 de la Ley N° 26.743 también implica que los menores ya no podrán cambiar su nombre, sexo o fotografía en el documento de identidad. Asimismo, el artículo 11 ha sido modificado para prohibir intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales en menores.
El Gobierno fundamentó estas decisiones en un informe técnico que alerta sobre posibles daños irreversibles para la salud de los menores, subrayando su deber de garantizar su protección y bienestar integral. En este sentido, la medida promueve un enfoque ético, respetuoso con el desarrollo natural de la infancia, y reafirma el compromiso con la protección de los derechos fundamentales de los niños, sin ideologías invasivas ni promoción de prácticas alejadas de los valores de la sociedad argentina sostenidos en la fe cristiana, desde su fundación.
Prohibición de la hormonización en menores: una medida ética para preservar su bienestar