En una sesión cargada de tensión política y discursos encendidos, el Senado de la Nación rechazó este miércoles el proyecto de ley de Ficha Limpia. Con 36 votos a favor y 35 en contra, la propuesta quedó a tan solo un voto de la mayoría absoluta (37) necesaria para su aprobación. El resultado no sólo mantiene habilitada la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner se postule en las elecciones de 2025, sino que deja expuesta una vez más la profunda resistencia de una parte de la clase política argentina a rendir cuentas.
¿Qué proponía la ley?
El proyecto buscaba impedir que personas con condenas judiciales firmes en segunda instancia por delitos de corrupción pudieran ser candidatas a cargos electivos o designadas en funciones públicas nacionales. La ley ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados con 144 votos afirmativos. Sin embargo, el giro en el Senado fue dramático.
El rechazo fue sellado por el voto negativo de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador, que hasta último momento se consideraban aliados del oficialismo para la votación. Su cambio de postura trastocó los cálculos de La Libertad Avanza, que contaba con los votos para sancionar la ley.
El trasfondo: impunidad y privilegios
Más allá de las lecturas partidarias, el rechazo de Ficha Limpia es, en esencia, una defensa del statu quo. Implica que alguien con una condena por corrupción, avalada por un tribunal de segunda instancia, puede igualmente competir por el poder político. Se mantiene así un privilegio impensado en países con democracias mínimamente exigentes en materia de integridad pública.
En otras palabras, se priorizó la especulación política y la protección de nombres propios por sobre un gesto mínimo de ética republicana.
Cristina 2025: ¿candidata sin obstáculos?
Aunque no fue nombrada formalmente durante el debate, la sombra de Cristina Fernández de Kirchner sobrevoló toda la sesión. Condenada en 2022 por corrupción en la causa “Vialidad” y con la sentencia confirmada en segunda instancia en noviembre de 2024, la exmandataria queda habilitada para presentarse como candidata a una banca legislativa en 2025. Consiguiendo la inmunidad parlamentaria con ese puesto. Y la impunidad.
El resultado fue interpretado, para muchos, como una forma velada de blindar esa eventual postulación. En lugar de buscar la ejemplaridad institucional, se eligió mirar para otro lado.
La reacción oficialista
El presidente Javier Milei, quien había respaldado el proyecto como parte de su agenda anticorrupción, calificó el resultado como “lamentable”. El oficialismo había trabajado para reunir los votos necesarios, pero se topó con un sistema parlamentario que, una vez más, protege sus propios intereses.
La derrota también refleja las dificultades del Gobierno para articular mayorías en el Congreso, incluso en temas que cuentan con fuerte respaldo popular. Según diversas encuestas, más del 80% de los argentinos apoya la idea de prohibir candidaturas de condenados por corrupción.
El argumento falaz de la “proscripción”
Algunos sectores del peronismo argumentaron que la ley tenía como objetivo “proscribir” a figuras políticas. Pero esa defensa confunde adrede justicia con persecución. No se trata de impedir candidaturas por diferencias ideológicas, sino de establecer una vara mínima de transparencia.
En cualquier empresa privada, una persona con sentencia firme por corrupción no podría ocupar cargos de responsabilidad. ¿Por qué en la política debería ser diferente?
Un mensaje peligroso
El Senado argentino ha perdido una oportunidad histórica de enviar una señal clara a la ciudadanía: que la política puede, y debe, sanearse desde adentro. En lugar de eso, reforzó la percepción de impunidad que golpea la credibilidad de las instituciones.
El mensaje que queda es grave: en Argentina, la condena judicial no es un obstáculo real para llegar al poder.
¿Y ahora qué?
Aunque el proyecto fue rechazado, la discusión no se agota. Hay iniciativas similares en tratamiento, incluso a nivel provincial. Y la presión social por normas más estrictas contra la corrupción no desaparecerá.
Pero queda claro que para que algo cambie en serio, no basta con proyectos. Hace falta valentía política, renuncia a privilegios y un compromiso auténtico con el bien común. A la luz de lo votado, parece que muchos senadores aún no están dispuestos a dar ese paso. La corrupción, lejos de ser un límite, sigue siendo una variable negociable. Y el mensaje al ciudadano es demoledor: mientras vos pagás impuestos y respetás la ley, ellos blindan a los suyos.
Argentina sigue perdiendo una oportunidad tras otra de reconciliar la política con la decencia.
