Un fallo judicial con impacto político
Al menos cinco gremios de peso nacional anunciaron que convocarán a un paro general si la Corte Suprema confirma la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su mandato (2007-2015). La confirmación del fallo, que implica seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos, podría dejarla fuera de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en Buenos Aires.
Movilización inmediata y advertencias
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), SMATA, ATE, APL y la Asociación Bancaria anunciaron que iniciarán movilizaciones en caso de ratificarse la sentencia. “Está en riesgo la democracia”, advirtió Abel Furlán (UOM), y anticipó una reunión urgente en la sede del Partido Justicialista.
Desde SMATA, el diputado Mario “Paco” Manrique acusó a la Justicia de buscar “lo que no pueden ganar en las urnas” y llamó a mantenerse en estado de alerta.
Denuncias de persecución y proscripción
Para Daniel Catalano (ATE Capital), la condena responde a una “lógica de venganza” contra la principal referente opositora al Gobierno de Javier Milei. También denunció “doble vara judicial” y vínculos del Poder Judicial con intereses económicos.
En sintonía, la Asociación Bancaria denunció que el fallo responde a un “plan de disciplinamiento político” y advirtió que “no solo buscan encarcelar a Cristina, buscan infundir miedo”.
El Instituto Patria y la reacción política
Mientras tanto, el Instituto Patria convocó a una reunión de urgencia con dirigentes gremiales y sociales para coordinar una respuesta unificada.
La propia Cristina Fernández denunció en un acto en Corrientes que buscan encarcelarla para impedir su candidatura. “Salió el anuncio y se desataron los demonios”, afirmó, refiriéndose al impacto de su postulación.
¿Paro por justicia o por poder?
Más allá del contenido político, la amenaza de paro por una sentencia judicial deja expuesto al sindicalismo argentino, cuya dirigencia parece haber abandonado la defensa de los derechos laborales para transformarse en un brazo político de intereses partidarios. Medidas como estas perjudican a los trabajadores, que ven descontados sus salarios o se enfrentan a sanciones, sin haber sido consultados.
Es hora de que el sindicalismo recupere su vocación original, con dirigentes elegidos en libertad, honestos y eficientes, al servicio de los trabajadores, no de los poderosos enquistados en sus gremios por decenas de años y más, apropiándose de las organizaciones en actitudes cuasi mafiosas. Para esto, es necesario que los trabajadores tomen la decisión valiente de elegir nuevos representantes, que cultiven la política gremial que todos esperamos y que no sean nunca más un apéndice indecente de un partido político. Solo así podrán reconstruir su legitimidad y honrar el rol histórico que alguna vez representaron.
