La Legislatura de Tucumán ha generado un gran revuelo en la opinión pública debido al aumento desmesurado de partidas presupuestarias, que ya superan los 35.000 millones de pesos desde septiembre pasado. Esta situación ha generado una gran preocupación entre los ciudadanos, quienes no tienen acceso a información detallada sobre en qué se está gastando ese dinero, y el que ya dispone.
La falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos es un tema que ha sido recurrente en la provincia de Tucumán. La Legislatura ha aprobado nuevas partidas multimillonarias sin proporcionar información clara y detallada sobre cómo se van a utilizar los fondos.
La Ley de Presupuesto de la provincia de Tucumán establece que el Poder Ejecutivo debe efectuar la distribución del presupuesto de recursos y gastos a nivel de partidas parciales y sub-parciales. Sin embargo, esta información tampoco es accesible a la ciudadanía.
La situación es aún más preocupante si se considera que el poder legislativo de Tucumán ya tiene un presupuesto aprobado, y que los fondos adicionales, según expresaron desde la Legislatura a los medios de manera informal, son para cubrir sueldos y ayudas a instituciones. Una irregularidad que merece una explicación formal, ya que por ejemplo, los sueldos están incluidos ya en el presupuesto original.
Es sorprendente que desde la oposición tampoco se haya, al menos por ahora, escuchado el reclamo que la hora demanda. El Gobierno nacional solicitó a las provincias que baje el gasto superfluo, y dio el ejemplo reduciendo contratos y sueldos nacionales. Es cierto, la provincia ha demostrado esa predisposición y apoyo al control del gasto; pero el poder legislativo tucumano sigue siendo un lugar hermético, donde la información que debería ser abierta, mucho más, porque es allí donde están los representantes del pueblo, sigue siendo un secreto.
Paradójicamente, deberían ser los legisladores los que dieran el ejemplo de acceso irrestricto a la información pública desde el Poder que conforman. La falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos en la provincia de Tucumán en general es un tema que debe ser abordado de manera urgente. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se están utilizando sus impuestos y es responsabilidad de la Legislatura y el Poder Ejecutivo proporcionar información clara y detallada sobre la gestión de los fondos públicos. Este debiera ser un objetivo fundamental para 2025, de cara a los muchos bolsones de corrupción que, a pesar de los nuevos vientos que corren en Argentina, no será fácil desenquistar del tejido social. El rol de la prensa es importante. El rol del Poder Judicial mucho más, y debiera iniciar investigaciones de oficio, aún sin denuncia de ciudadanos o instituciones.
Otro organismo que debiera solicitar, al menos, información es la Defensoría del Pueblo de Tucumán, que para eso fue creada hace un cuarto de siglo, y poco ha realizado por los ciudadanos en estos años, ante los hechos. También deberían exigir esa transparencia los partidos políticos, así como las instituciones intermedias como el Colegio de Abogados de Tucumán o el de Contadores, ú organizaciones civiles de prestigio, demandando a los poderes del Estado una verdadera eficacia y transparencia administrativa.
Las cientos de miles de familias tucumanas que hoy están en la pobreza nos lo reclaman. La responsabilidad social es de todos. Empezando por los poderes públicos que fueron electos justamente para eso. Las próximas elecciones serán un termómetro para medir este reclamo también.
Tucumán exige transparencia en el manejo de los dineros públicos.