Una marcha pacífica infiltrada por la violencia
Este miércoles, la marcha de jubilados en las afueras del Congreso derivó en un escenario de caos y violencia. Si bien los jubilados tenen un reclamo legítimo, la movilización fue aprovechada por grupos radicalizados que promovieron disturbios organizados. Un panfleto del Frente de Izquierda sugería acciones coordinadas como “Ponerse camisetas de fútbol, cortar la calle, provocar a la policía y tirarles botellas esperando su reacción, grabar la respuesta policial, buscar a los medios de comunicación para exponerlos y subirlos a redes”. Un acto premeditado que atenta contra el orden público y buscó generar violencia.
Enfrentamientos y heridos
Ante el escenario de violencia, el Gobierno implementó una estrategia disuasoria. Sin embargo, los incidentes ocurrieron, y todos pudimos verlos en directo, por las las pantallas. Y dejaron heridos: una jubilada, y lo más grave, un fotógrafo que, según la Ministra, es un militante kirchnerista y empleado de un municipio del conurbano bonaerense. Su estado es crítico.
Por otro lado, más de una decena de policías también resultaron heridos, entre ellos uno de bala. Durante los disturbios, se incendiaron dos patrulleros, cuatro motocicletas y más de veinte contenedores de basura. Como respuesta, la policía detuvo a 114 manifestantes.
La respuesta del Gobierno y la liberación de los detenidos
Patricia Bullrich, a través de su cuenta en X (antes Twitter), declaró: “Detuvimos un centenar de violentos piqueteros, militantes de agrupaciones políticas y barras bravas, que son integrantes de organizaciones criminales que operan con total impunidad hace años”.
Sin embargo, a las pocas horas, la jueza Karina Andrade, quien asumió en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, ordenó la liberación de los detenidos. Argumentó que la Policía no había “suministrado la información específica” sobre las circunstancias de cada arresto y destacó la importancia de garantizar el derecho a la libertad de expresión.
Reacciones políticas y condena a la violencia
Desde el oficialismo, se acusó al kirchnerismo de instigar los incidentes y se señaló la participación de varios intendentes en los hechos. Además, el Gobierno evalúa denunciar a la jueza Andrade por su decisión de liberar a los detenidos.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuestionó la actuación de la magistrada y anticipó que podría presentarse ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
El jefe de Gobierno porteño también repudió los disturbios, y Mauricio Macri expresó su apoyo al Gobierno, condenando la violencia en el Congreso.
Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, desde Expoagro, manifestó su solidaridad con los policías y manifestantes heridos. Enfatizó que es fundamental que intervenga la Justicia y advirtió: “La violencia no es una herramienta para manifestarse ni para defender la democracia”.
Consecuencias y un llamado a la reflexión
Hasta aquí la crónica de los hechos. Los daños materiales superan los 400 millones de pesos. A esto se suman los heridos y la impunidad de los detenidos liberados, muchos de los cuales, según fuentes oficiales, cuentan con antecedentes delictivos.
La violencia en las calles no es un hecho aislado. Dentro del Congreso, también se evidenció una escena bochornosa con legisladores que fomentaron el caos en lugar de promover el debate. La historia argentina ha demostrado que la violencia no es el camino.
Si bien es cierto que el Gobierno debe atender la situación de los jubilados, también es innegable que muchos accedieron a una jubilación sin haber realizado los aportes correspondientes, a costa de aquellos que sí lo hicieron y hoy sufren las consecuencias. Esta realidad, generada por políticas irresponsables de gobiernos anteriores, no exime al actual Gobierno de la obligación de buscar soluciones justas.
La responsabilidad de la sociedad en tiempos de crisis
La incertidumbre afecta a toda la sociedad, que realiza un enorme esfuerzo en medio de un proceso económico complejo. Mientras el Gobierno intenta corregir el rumbo, ciertos sectores ven en esta situación una oportunidad para el caos, más preocupados por el poder perdido (y las cajas perdidas) que por el bienestar del país.
La oposición más radicalizada, lejos de aportar soluciones, parece estar dispuesta a generar inestabilidad con la esperanza de recuperar el gobierno, sin importar el costo para la sociedad. En este contexto, figuras polémicas como Mario Firmenich vuelven a aparecer, reivindicando hechos que deberían ser condenados.
Un mensaje claro para el futuro
En un año electoral, la ciudadanía tiene la oportunidad de evaluar las conductas de todos los actores políticos. El bien común debe prevalecer sobre los intereses partidarios. La ética y la responsabilidad son valores fundamentales para el futuro de la Argentina.
Es imperativo que las instituciones funcionen dentro del marco del Estado de derecho. La impunidad de los violentos solo puede ser combatida con una Justicia firme y sin jueces garantistas que liberen delincuentes. Asimismo, los políticos irresponsables deben recibir el castigo en las urnas, para que nunca más vuelvan a defraudar la confianza del pueblo.
Nuestros hijos merecen una Argentina próspera, justa y ética. La reconstrucción del país depende de nosotros. ¿Tomaremos la responsabilidad de asegurarles un futuro mejor?
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