Una decisión judicial que golpea al Estado argentino
La Justicia de Estados Unidos ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera, ocurrido en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El fallo responde al reclamo de Burford Capital y Eton Park, fondos que compraron los derechos litigiosos de Petersen Energía, antigua accionista de YPF.
La decisión fue dictada por la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien estableció que la entrega debe concretarse en un plazo de 14 días hábiles, con el depósito de las acciones en una cuenta del Bank of New York Mellon (BNYM). A su vez, dispuso que el traspaso a los demandantes se realice al día siguiente.
Un paquete accionario bajo disputa
El Estado argentino posee el 51% de las acciones Clase D de YPF, las cuales están en manos del Tesoro Nacional y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Ese paquete, que históricamente fue símbolo de la soberanía energética, ahora podría pasar a manos de fondos especulativos como forma de pago parcial de la sentencia que condena al país a abonar US$ 16.100 millones.
La jueza Preska rechazó el pedido del Estado argentino de una postergación del fallo y desestimó la necesidad de una audiencia oral. Además, advirtió que en caso de incumplimiento, los demandantes podrán solicitar sanciones civiles y embargos adicionales sobre activos argentinos en el exterior.
Claves legales del fallo
La orden se fundamenta en la legislación federal de EE.UU., concretamente en las reglas 69 FRCP, CPLR § 5225(c) y UCC § 8-112(e), que permiten este tipo de embargos. La jueza entendió que el uso de estas acciones por parte del Estado, al influir en la gestión de YPF y mantener registros en Nueva York, habilita la jurisdicción estadounidense.
Además, descartó que la Ley Argentina 26.741, que regula la expropiación de YPF y protege su control estatal, tenga efectos vinculantes en esta causa. Para Preska, prima el interés del sistema judicial estadounidense en hacer cumplir sus fallos.
La reacción de Milei: críticas duras a Kicillof
El presidente Javier Milei reaccionó rápidamente al fallo a través de redes sociales. Sin medias tintas, apuntó directamente contra el exministro de Economía Axel Kicillof, a quien calificó de “inútil soviético”, responsabilizándolo por la expropiación y sus consecuencias económicas.
“Nos acabamos de enterar de que la jueza Preska falló contra el Estado argentino por la expropiación de YPF. Haber llegado a esta situación es responsabilidad directa de Axel Kicillof”, escribió Milei. Y agregó: “No le alcanzó con arruinar la economía argentina; ahora destruye la provincia de Buenos Aires”.
Improvisación, ideología y daño institucional
Más allá de los calificativos, el fallo pone en evidencia la improvisación jurídica y la falta de previsión que rodearon la expropiación de YPF. Una medida tomada sin acuerdo con los accionistas privados y sin una estrategia legal sólida. Además, se revive el debate sobre la corrupción en torno a la entrega previa de acciones a los Eskenazi, cercanos al entonces presidente Néstor Kirchner, quienes adquirieron parte de YPF sin poner capital propio, endeudando a la propia empresa para financiar la compra.
Todo esto desembocó en una pérdida millonaria para el país, que ahora afecta directamente al patrimonio nacional y al bolsillo de los argentinos.
Un Congreso también responsable
No puede olvidarse que la expropiación fue aprobada por una ley votada por senadores y diputados. Muchos de ellos avalaron, por convicción ideológica o intereses políticos, una decisión sin transparencia ni sustentabilidad jurídica. Esos legisladores, junto con los funcionarios que ejecutaron la medida, tienen una responsabilidad política e institucional que la Justicia argentina todavía no ha investigado ni sancionado.
¿Y la Justicia argentina?
Mientras en EE.UU. se avanza con decisiones concretas y de alto impacto, en nuestro país la causa sigue dormida. No se ha juzgado aún la cadena de decisiones que llevó a esta ruina económica. La ciudadanía merece que se investigue a fondo y que se esclarezcan las responsabilidades de quienes firmaron, impulsaron y se beneficiaron de este negocio ruinoso para la Nación.
Una herida abierta para la soberanía energética
Más allá del tecnicismo judicial, lo cierto es que esta decisión afecta el control estatal sobre YPF, una de las empresas más estratégicas del país. No se trata sólo de un conflicto legal: es un símbolo de cómo las malas decisiones políticas, el amiguismo y en definitiva, la corrupción, hipotecan el futuro nacional.
El pueblo tiene la palabra en las urnas. Será más corrupción o justicia.
