El Ministerio de Salud de la Nación presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal tras detectar un caso de fraude en el Examen Único de Residencias Médicas 2025. La acusación alcanza a postulantes que utilizaron tecnología para copiarse, así como a posibles cómplices externos. La presentación fue realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Una microcámara reveló el fraude
La investigación se activó luego de que se viralizara un video en redes sociales, donde se veía a un aspirante grabando el examen mediante unos anteojos con microcámara. Esa prueba permitió identificarlo con nombre y DNI. Posteriormente, se analizaron los resultados y se detectaron puntajes inusuales, como el caso de un postulante que pasó de 69 puntos en una prueba anterior a 92 en este examen.
El ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que el fraude no sólo altera el orden de mérito sino que representa un riesgo sanitario real: “Se accedió a cargos rentados mediante prácticas desleales, afectando la ética profesional y provocando un perjuicio económico al Estado”.
El modus operandi: tecnología y complicidad
El método utilizado incluyó el uso de anteojos con cámara oculta para registrar las preguntas, excusas para salir del aula, envío de imágenes a un tercero y retorno con las respuestas. Además, se detectaron grupos pagos de WhatsApp y Telegram donde circulaban posibles respuestas y el uso de auriculares y otros dispositivos electrónicos.
Frente a este panorama, el Ministerio pidió a la Justicia que ordene el secuestro de dispositivos, testimonios a los responsables del examen, geolocalización de implicados, identificación de IP y requerimientos a empresas de telefonía y la red social X (ex Twitter).
“Presentamos una denuncia penal contra quienes hicieron trampa en el examen. No permitiremos que se acceda al sistema con engaños. Defender el mérito es asegurar calidad y compromiso en la atención sanitaria”, expresó Lugones en su cuenta oficial.
Repetirán la evaluación para sospechosos
Como consecuencia del escándalo, se repetirá el examen para 141 postulantes cuyos puntajes fueron puestos bajo revisión. La medida fue formalizada mediante la Disposición 61/2025 y está dirigida a quienes obtuvieron 86 puntos o más, pero presentan inconsistencias académicas.
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, señaló que cerca del 45% de los 268 postulantes involucrados —en su mayoría egresados de universidades extranjeras— deberán rendir nuevamente, esta vez en formato presencial y escrito.
Nuevos controles para garantizar transparencia
La Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud será responsable de la nueva evaluación, que incluirá 100 preguntas de opción múltiple sobre salud del niño, la mujer, el adulto y salud pública. Se realizará de 9 a 13 horas, bajo estrictas condiciones: sin celulares, relojes inteligentes, anteojos electrónicos ni dispositivos de comunicación.
Además, se restringirán las salidas del aula, que sólo se permitirán con justificación y acompañamiento. No se aceptará responsabilidad por elementos retenidos al ingreso.
Una falta ética con consecuencias graves
Desde el Ministerio insistieron en que preservar la integridad del examen no es sólo una formalidad administrativa. “Cada médico que accede a una residencia impacta directamente en la vida de los pacientes. Garantizar la transparencia es una obligación ética y sanitaria”, subrayaron.
Reflexión: ¿Qué clase de profesionales estamos formando?
Que un alumno del secundario copie es grave. Pero que lo haga alguien con título universitario, que aspira a trabajar en hospitales, es inaceptable. En medicina, donde se trata con la salud y la vida de las personas, una trampa en el acceso a cargos no es un simple “avivada”: es una amenaza directa al bien común.
La deshonestidad personal, en cualquier ámbito, termina manifestándose tarde o temprano. Y más aún en profesiones que exigen integridad absoluta. Por eso, la sociedad —y el Estado— deben ser rigurosos: quien traiciona la ética en el ingreso, no está capacitado para cuidar la vida de nadie. No se trata sólo de sancionar un fraude, sino de proteger a la sociedad de quienes intentan abrirse paso con trampas.
