La segunda evaluación confirmó las sospechas de fraude en la prueba del 1° de julio
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó un dato demoledor: ninguno de los 117 médicos que fueron convocados a rendir nuevamente el Examen Único de Residencias Médicas logró revalidar su calificación inicial.
La nueva evaluación, realizada en el Palacio Libertad, fue consecuencia directa de las irregularidades detectadas en la primera prueba, tomada el pasado 1° de julio en el predio Parque Roca.
El origen del escándalo
Según Adorni, 109 de los médicos convocados eran extranjeros, y todos integraban el grupo que quedó bajo observación por resultados sospechosamente altos.
La segunda instancia se organizó para garantizar la transparencia del proceso y preservar la integridad del sistema de residencias, clave para el funcionamiento de hospitales y centros de salud públicos y privados en todo el país.
“Queremos que los cargos se asignen únicamente a quienes cumplen con los estándares exigidos”, enfatizó el vocero, subrayando que la integridad del sistema está por encima de cualquier interés particular.
Un caso que llegó a la Justicia
La situación escaló cuando se denunció penalmente a Adrián Alejandro David Castillo, un ciudadano ecuatoriano acusado de filmar ilegalmente el examen, transmitir las preguntas desde el baño, recibir las respuestas y distribuirlas entre otros aspirantes.
La causa está en manos del juez federal Juan Ercolini, bajo la figura de presunta defraudación al Estado.
Este episodio reforzó la decisión oficial de tomar un nuevo examen con estrictos controles de seguridad para evitar cualquier intento de trampa.
Los resultados de la revalidación
El 7 de agosto, los 117 aspirantes sospechados debieron rendir nuevamente. Las cifras fueron contundentes:
- Ninguno logró igualar o superar la nota inicial.
- En la mayoría de los casos, las calificaciones cayeron drásticamente.
- 109 extranjeros quedaron directamente desaprobados.
Para dar transparencia, el Ministerio de Salud publicó en su web oficial las comparaciones entre las notas originales y las de la segunda prueba. Los listados confirmaron públicamente las sospechas iniciales.
Posibles sanciones y deportaciones
El Gobierno nacional evalúa deportar a 133 extranjeros vinculados al caso:
- 109 que no revalidaron sus notas.
- 24 que directamente no se presentaron a la segunda prueba.
Según Migraciones, muchos ingresaron como turistas sin declarar que su objetivo era rendir el examen y, además, participaron en maniobras fraudulentas.
De concretarse, la expulsión implicaría la inhabilitación para ingresar nuevamente al país bajo cualquier régimen migratorio.
Denuncias penales y mensaje político
El ministro de Salud, Mario Lugones, confirmó que el Gobierno presentó una denuncia penal contra todos los que cometieron fraude o actuaron como cómplices.
“Desde el Ministerio de Salud no vamos a permitir que se acceda al sistema con engaños”, declaró. Y agregó: “El ingreso a las residencias es el primer paso para cuidar la salud de los argentinos: detrás de cada médico hay pacientes que merecen la mejor atención”.
Un golpe a la impunidad
El escándalo del examen de residencias trasciende el ámbito académico y se convierte en un símbolo político:
- En la Argentina ya no habrá fraude sin consecuencias.
- El mensaje es claro: El que las hace, las paga, como en cualquier país del mundo.
En palabras de analistas, la decisión de investigar, sancionar y eventualmente deportar es también un mensaje a la sociedad de que la corrupción no será tolerada, mucho menos en áreas tan sensibles como la salud pública, donde la vida de los ciudadanos está en juego.
Lo que sigue
Mientras la investigación judicial continúa, el Ministerio de Salud y la Justicia trabajan para desmantelar cualquier red de fraude académico y blindar los futuros exámenes con controles más estrictos.
El caso deja en evidencia que la transparencia no es negociable, especialmente cuando está en juego la calidad profesional de quienes atenderán la salud de millones de argentinos.
